imagotipo

El Teatro de la República

  • Fernando Ortiz Proal

PRIMER ACTO. ¿OBJECIÓN DE CONCIENCIA POR LA CORRUPCIÓN? En un sistema democrático el consenso es condición. El ejercicio del poder público corresponde a los ciudadanos, nace del pueblo. Y la convivencia política orienta el poder democrático hacia los fines comunitarios. Así entonces, el consenso constituye el requisito fundamental para la existencia y vigencia de los valores democráticos. En este orden de ideas, la tesis expuesta por Sartori sobre la existencia del “poder absoluto del pueblo”, plantea que la legitimidad democrática brinda al poder público carácter ilimitado. Nadie puede estar por encima del consenso democrático, ninguna persona puede disentir de las decisiones del pueblo. Llevar esta idea al extremo equivale a lo que se ha denominado como la tiranía de la mayoría. El consenso en un régimen democrático, entendido como el acatamiento a las decisiones de la mayoría, es el motor del desarrollo social. Sin embargo, el poder del pueblo no es absoluto, encuentra sus límites en los derechos fundamentales de los propios ciudadanos. En efecto, aún en el supuesto de que existiera un sistema democrático perfecto, el poder público emanado del mismo debe respetar los derechos humanos de los individuos. Dentro del catálogo de los derechos humanos existe un grupo de derechos que reconocen la libertad ideológica de la persona. Estos derechos se han enmarcado bajo el rubro de la objeción de la conciencia. En virtud de la objeción de la conciencia una persona puede desobedecer o incumplir decisiones de la mayoría, incluso un mandato constitucional, argumentando y probando su válida oposición ideológica. Esta figura, jurídicamente reconocida en países como España y los Estados Unidos de América, reconoce el derecho al disenso frente al consenso. Por ejemplo, en virtud de la objeción de la conciencia, una persona que profesa la religión de los Testigos de Jehová puede solicitar que se le exima de honrar la bandera o jurar la constitución. ¿Se imaginan no pagar impuestos por objeción de conciencia derivada de la corrupción imperante?

SEGUNDO ACTO. EL COSTO DE GOBERNAR. El ejercicio del poder exige tomar decisiones y, en un país con las diferencias económicas, sociales y culturales del nuestro, es prácticamente imposible que las políticas públicas gusten a todos. Por el contrario, lo común es que lo que favorece a un sector perjudique al opuesto, como puede ser el incrementar en términos reales los salarios mínimos o bien ampliar la base gravable. En el primer caso, los trabajadores aplauden lo que los empresarios rechazan y, en el segundo supuesto, ocurre precisamente lo contrario. Por otro lado, son tantas y tan grandes las necesidades de la mayoría de la población que frente a las expectativas que generan aún los buenos gobiernos se quedan cortos a los ojos de los ciudadanos. Así las cosas, la política en México se ha convertido en un arte de equilibrios. Y es precisamente de esta necesidad de compensar que siempre el gobernar tendrá un costo político-electoral. Simplemente hay que ver que las “sorpresas electorales” rara vez las dan candidatos de los partidos gobernantes. Por lo regular los “campanazos” vienen de las filas de la oposición. ¿Por qué? Pareciera que los candidatos oficiales, por llamarles de alguna manera, llevan la desventaja del gobierno ante la ciudadanía.

TERCER ACTO. APOSTÉMOSLE AL PARLAMENTO. El régimen presidencialista mexicano está en crisis y está poniendo en crisis a las instituciones que constituyen el estado como ente integrado, y en estas condiciones el fortalecimiento de la institución parlamentaria es, sin duda, una exigencia para la consolidación democrática de nuestro país. Pero además, es una garantía de operatividad y desarrollo en un contexto multipartidista como el que estamos viviendo. Y no se trata de transitar así de golpe a un régimen parlamentario puro, sino simplemente de incorporar a nuestro sistema mecanismos tales como la ratificación del mandato, la moción de censura y el voto de no-confianza, que garanticen que si quienes gobiernan pierden la confianza popular, podrán ser removidos por el parlamento. En el otro extremo, debe pensarse en el instrumento de la disolución, a efecto de exigir cuentas a un parlamento irresponsable.

TRAS BAMBALINAS. MEDIOS TRADICIONALES. Es un hecho reiterado cada cuatro años que las elecciones en los Estados Unidos de América, como ocurre en buena parte del mundo, se ganan con imagen y dinero. Y si bien es cierto que en 2008 Obama utilizó inteligentemente las entonces aún novedosas redes sociales para su promoción, no se debe perder de vista que, independientemente de su posterior sobrevaloración, tan sólo fue un instrumento más; en realidad, nadie compró más tiempo en la clásica y penetrante televisión que el hombre del “yes, we can”.

Notario Público 19 de Querétaro.

ferortiz@notaria19qro.com