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El teatro de la República

  • Fernando Ortiz Proal

PRIMER ACTO. ¿NO QUIEREN OTRO WHISKITO? El pronóstico económico es intimidante. De golpe y porrazo parecen haberse hecho realidad las peores pesadillas de la economía mexicana. El precio del barril de petróleo se desplomó y los especialistas sostienen que habrá de pasar cuando menos una década para volver a ver precios que ronden los cien dólares. ¿Qué se hizo con las “ganancias” de aquellos días? Los cínicos contestarían que la mitad se la llevó la corrupción, mientras que la otra mitad se malgastó en políticas, programas y planes caprichosos y estériles. Nada más se desvaneció. No se invirtió en mantenimiento o infraestructura para PEMEX. Simplemente se diluyó en el históricamente irracional gasto público. Decía Jerome Levinson, profesor del Washington College of Law de la American University que había fungido como abogado asesor de David Rockefeller – en los ochentas Presidente del Chase Manhattan Bank, principal acreedor de los gobiernos latinoamericanos que se habían declarado en mora – que cuando visitaron México resultó imposible advertir dónde había quedado el dinero de la deuda. No había carreteras, puentes, aeropuertos, vías ferroviarias u otra infraestructura  a media terminar, simplemente no había nada. Y cuando preguntaban ¿dónde están los recursos de la deuda? La evasiva respuesta de los anfitriones era: “no quieren otro whiskito”.

SEGUNDO ACTO. ESCALOFRIANTE ESCENARIO. El tijeretazo en 239 mil 700 millones de pesos (mdp) al Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) para el ejercicio fiscal 2017 exhibe tibiamente la gravedad de las cosas. Y decimos tibiamente porque el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) advirtió que considerando el hecho de que la deuda seguirá creciendo, pudiendo el próximo año llegar a representar hasta un 55% del Producto Interno Bruto (PIB), el recorte presupuestal debería contemplar una reducción del gasto público en cuando menos otros 220 mil mdp, lo que representaría un recorte total de aproximadamente 460 mmdp.

TERCER ACTO. ¿PRIORIDADES? Por lo pronto, quienes pagarán los platos rotos son los sectores que en los discursos siempre se presentan como prioritarios. La Secretaría de Educación Pública (SEP), cuya reforma se dice es uno de los grandes logros de esta administración federal, es la más afectada con 14% menos recursos. Dentro de la SEP los programas culturales que tanta falta hace ampliar y acercar a la gente son los principales perjudicados con un descontón de 30%. La infraestructura que tanto se anuncia se cae en un 26% en el presupuesto de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (STC). Mientras que el sector salud tendrá 7.8% menos que en 2016. En PEMEX, donde hasta hace muy poco tiempo obtener una plaza equivalía a sacarse la lotería, se espera el despido de casi 9 mil trabajadores a lo largo de 2017. Y la culpa no es de esos trabajadores sino del pésimo manejo financiero de la petrolera y sus recursos por décadas. Baste ver que los 150 mil pensionados de PEMEX y CFE costarán el próximo año 113 mil mdp – en promedio cada pensionado electricista recibe 110 mil pesos al mes -. Y por si fuera poco el elevadísimo costo de las pensiones, estas empresas públicas erogan más de 36 mdp al año en el pago de 8,080 líneas telefónicas móviles. En los últimos 10 años los recursos al sindicato petrolero se han incrementado en 105%, en promedio un 10.5% anual. Estas cifras exhiben los abusos, pésima planeación y gestión financiera que se ha tenido, insistimos, por décadas. Y para colmo, el Congreso de la Unión – Cámara de Diputados y Cámara de Senadores – solicita 831 mdp adicionales a lo que recibieron el año pasado, aunque la situación parece haber provocado la retractación de los pedinches legisladores. Una buena noticia en este tsunami de tragedias financieras es que la denominada transición digital ha impulsado el crecimiento en un 40% del padrón de contribuyentes en esta administración.

TRAS BAMBALINAS. EXPERIMENTO JURÍDICO-POLÍTICO. Arranca la Asamblea Constituyente en la Ciudad de México, un experimento jurídico-político que de lograrse – y muchos deseamos que así sea – redundará en beneficio de la capital del país y será un claro referente para el impulso de futuras transformaciones nacionales, como podría ser la indispensable “parlamentarización” del sistema político mexicano. Por lo pronto las designaciones arrojan nombres interesantes. El Presidente de la República aplicó un criterio eminentemente partidista, y aunque se trata de perfiles adecuados, la decisión es criticable ya que las nominaciones le competen en su carácter de titular del Ejecutivo y no de PPP – primer priísta del país -. Los designados presidenciales son básicamente políticos de arraigo en la capital del país, una postulante en derecho constitucional y una especialista en derecho procesal electoral, a saber: Manuel Enrique Díaz Infante, Augusto Gómez Villanueva, Fernando Lerdo de Tejada, María Beatriz Pagés Llergo Rebollar, Claudia Aguilar Barroso y Claudia Pastor Badilla. Por parte del Jefe de Gobierno de la CDMX llegan: la ex ministra de la Corte Olga Sánchez Cordero, senador Alejandro Encinas, Comisionado para la Reforma Política de la CDMX Porfirio Muñoz Ledo, la especialista en derechos humanos Clara Jusidman, el político e internacionalista Alejandro Chanona y la investigadora y constitucionalista Ana Laura Magalonni. Nos parece más equilibrado el dream team de Mancera. Ya veremos como se vienen los catorrazos a la hora de los debates.

 

Notario Público 19 de Querétaro

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