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Financiamiento público a los partidos

  • Raúl Iturralde

Estamos en el periodo del análisis y la decisión del Congreso de la Unión respecto al presupuesto nacional para el 2018. Los desastres naturales ocurridos recientemente han puesto a debate el financiamiento que recibirán los partidos políticos para sus campañas del próximo año. Se habla de un monto cercano a los 30 mil millones de pesos, cifra severamente cuestionada por la ciudadanía.

La opinión pública considera mayoritariamente que el financiamiento público a los partidos políticos es excesivo para un país con tantas carencias, con tanta gente viviendo con enormes dificultades, teniendo que soportar cargas fiscales muy elevadas que no se traducen en servicios públicos de calidad; nuestros servicios públicos colapsaron terriblemente y demostraron la incapacidad, ineficiencia y corrupción en diversos niveles del ejercicio público. Los partidos políticos reciben financiamiento de primer mundo y se limitan recursos a otros fines que deberían ser prioritarios para abatir rezagos e impulsar un desarrollo social más equitativo.

Resulta ofensivo que los señores de los partidos políticos reciban grandes cantidades de dinero público que en mucho ayudarían a grandes e importantes sectores de la población que perdieron su patrimonio. Sería muy conveniente que esos recursos cambiaran de destino de manera permanente a partir de una reforma constitucional, para canalizarlos hacia lo que evidentemente es más urgente y valioso: apoyar a la gente que en verdad lo necesita.

Catástrofes como las que acaban de pasar en México son lamentables y desearíamos que nunca ocurrieran, pero son naturales e inevitables, lo que sí está a nuestro alcance es crear estrategias de prevención para tratar que sus efectos no sean tan dañinos. Hay otros siniestros que sufrimos constantemente y que sí son evitables, como la corrupción y la impunidad; en ellas debemos enfocarnos y trabajar para evitarlas y si es posible eliminarlas de nuestra organización social. Esto sólo será posible con la participación ciudadana.

La unidad nacional a la que están llamando en estos tiempos de desgracia no puede ser coyuntural, debe ser permanente, servir a necesidades y demandas de la población, acabar con los grandes males económicos y sociales que nos han aquejado a lo largo del siglo XX y lo que llevamos del siglo XXI. Alcanzar estos grandes propósitos sólo es posible si logramos incrementar los grados de escolaridad y los niveles educativos de todos los mexicanos.

La educación es por antonomasia el mejor camino para que la gente enfrente mejor estos retos porque a través de ella se le proporcionan las herramientas necesarias para pensar, estar informado, adquirir la sensibilidad social y tomar las mejores decisiones para el bienestar de las personas.

La exigencia en esta situación de emergencia es que la clase política sea responsable y sensible, que actúe tal y como Octavio Paz lo dijo hace 32 años: “el gobierno no es una fortaleza sino un lugar de encuentro, debe escuchar la crítica y permitir la fiscalización de la sociedad civil”.

En mi opinión, se debe reducir el financiamiento a los partidos políticos y canalizar los recursos para que la reconstrucción sea lo más rápida posible y con la calidad necesaria para que las personas afectadas se integren a la normalidad sin verse afectados en sus condiciones de vida. Los partidos políticos deben dejar atrás el discurso de la generosidad, no se les está pidiendo ninguna dádiva, se exige que dejen de aprovecharse de las prerrogativas electorales y dejar de saludar con sombrero ajeno.