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Proyectos económicos alternativos

  • Raúl Iturralde

En plena época de crisis, cuando los recortes al gasto público en áreas sumamente sensibles como la educación, la ciencia y la tecnología, la infraestructura carretera y para el campo, resulta un verdadero insulto que en el Estado de México el Instituto Electoral haya decidido un tope de gastos de campaña de cerca de 300 millones de pesos por candidato, según los analistas serán las elecciones más caras de la historia, incluso que las presidenciales.

Pero mientras aquí la preocupación es de donde recortar recursos y de cómo hacerle para ganar procesos electorales sin importar las necesidades y demandas de la población, en otras latitudes la preocupación está en las consecuencias que el modelo económico imperante provoca en el empleo de calidad, en los ingresos de las personas y sus posibilidades de mejorar sus condiciones de vida; les preocupa de manera especial el decrecimiento de los mercados internos nacionales y la carencia de empleos decentes, según la conceptualización de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

Tal es el caso del debate en Europa sobre lo que llaman la “renta básica universal”, la cual consiste lisa y llanamente en la asignación de una aportación mensual a todos los ciudadanos sin importar condición laboral ni económica. Lo que se busca es tratar de identificar el comportamiento de los ciudadanos y conocer las posibilidades de que una medida de esta naturaleza impacte positivamente en el desarrollo de los países.

A mediados de 2016, Suiza, referéndum de por medio, rechazó la aplicación de esta medida; en cambio Canadá, Holanda y Finlandia optaron por aplicar este año programas piloto distintos para evaluar el verdadero impacto que pudiera tener en la economía de sus países. En España, los partidos Podemos y Socialista Obrero Español impulsan una especie de subsidio al salario que denominan “renta garantizada o “renta mínima”, consistentes en una asignación mensual para personas con muy bajos ingresos o que no tienen ningún tipo de ingreso. En Uganda (el “cash transfer”) y Kenia (“renta básica”) se han tenido proyectos semejantes al de la renta básica universal.

La base de este tipo de proyectos está en dos grandes problemas cuya solución no es nada sencilla. Por un lado está el crecimiento de la desigualdad económica entre los grupos sociales que componen a un país, cuestión que está provocando no sólo problemas económicos, sino que también deriva en graves tensiones sociales y múltiples situaciones de violencia cotidiana. El segundo aspecto se vincula al riesgo de desaparición de fuentes de trabajo debido a la automatización y el avance tecnológico, de acuerdo con un estudio de la Universidad de Oxford realizado en 2016, 57% de la fuerza de trabajo de los países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) se enfrentan a esta problemática.

En México la búsqueda de soluciones no pasa del discurso de los políticos que buscan un cargo de representación popular y se concentran en atacar al otro, sin escucharse ni respetarse. El combate a la pobreza se lleva a cabo con políticas públicas asistencialistas. Cada año en el presupuesto de egresos aparecen grandes sumas de dinero que podrían tener un mejor fin. En 2016 los programas sociales alcanzaron la cifra de 21 mil millones de dólares, prácticamente es el equivalente a los ingresos que por concepto de turismo se tienen en un año. Es un gasto excesivo con resultados casi nulos porque la pobreza no disminuye, el mercado interno no alcanza los equilibrios necesarios para potenciar la inversión productiva y la brecha de la desigualdad sigue ensanchándose.

En mi opinión, es hora de entrar a debatir en serio sobre el futuro del país, escuchando y analizando las experiencias de otros países, poniendo como eje de las políticas públicas las formas efectivas de reducir las brechas de desigualdad, de cómo abordar creativamente el desafío tecnológico y sobre todo de cómo generar mejores condiciones de vida sin dilapidar los recursos en procesos electorales.