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Viajeras de Ítaca – Tres indígenas y una disculpa a destiempo

  • Levy Barragán

Hace once años, tres indígenas originarias del municipio de Amealco en Querétaro, Jacinta Marcial, Alberta Alcántara y Teresa González, fueron sentenciadas a 21 años de prisión y al pago de una multa equivalente a 21 días de salario mínimo luego de ser acusadas de haber secuestrado a seis agentes de la entonces Agencia Federal de Investigación (AFI).

Cabe destacar que gracias a que las ONG’s, algunos medios de comunicación e instancias internacionales nunca despegaron el reflector de la situación que padecían estas mujeres, se evitó el abandono y el olvido de esta polémica sentencia.

A escasos meses de su gestión, el entonces gobernador del estado de Querétaro, José Eduardo Calzada Rovirosa, revisó el caso percatándose de las irregularidades que presentaba el proceso judicial, como fue el haberles tomado declaración sin la asistencia de un intérprete que les explicara sus derechos, además de ausencia de evidencias y discriminación. El caso fue llevado al senado y para el 28 de abril de 2009 Jacinta fue liberada, y un año después le siguieron Alberta y Teresa. Transcurrieron casi cuatro años en los que vivieron tras las rejas y separadas de su familia, en las condiciones morales más difíciles que hayan imaginado.

Con la liberación de las mujeres indígenas, Querétaro se colocó en el reflector internacional dejando un precedente en materia de Derechos Humanos en el ámbito de las comunidades indígenas.

El 27 de febrero del año en curso, la Procuraduría General de la República (PGR) hizo un reconocimiento público de la inocencia de las indígenas, acto que removió la indignación social y puso de nuevo en la mesa mediática la reflexión sobre las deficiencias del sistema de justicia y los alcances que debería tener la reparación del daño, más allá de la disculpa, como podría ser una compensación económica, por mencionar alguna.

Sin lugar a dudas, este caso emblemático arrojó luz en las zonas oscuras de un Estado que en adelante debe garantizar: el respeto absoluto a los Derechos Humanos, procesos judiciales conforme a derecho, y sobre todo, evitar la repetición de un absurdo como fue este caso.

Aunque la disculpa pública las reivindica moralmente, el daño está hecho y sólo resta como sociedad estar atentos, vigilantes y levantar la voz para defender a los grupos vulnerables y que no se repita nunca más.