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1. Introducción
La editorial “Cuarto de Guerra” del Diario de Querétaro del martes 1 de septiembre fue contundente: aunque el Apoyarte, programa de estímulos a la actividad artística para creadores locales, se entregó de manera extraordinaria en dos emisiones con el fin de apoyar a una mayor cantidad de artistas, el jueves se sembró la discordia. Esto debido a que “una parte de la comunidad cultural estalló molesta porque los beneficiados, dicen, son siempre los mismos” (Editorial, 2020)[1].
Pero vayamos un poco más atrás en el tiempo, a un suceso que llamó la atención de la opinión pública nacional. De acuerdo con la nota del portal Códice Informativo el entonces presidente municipal de Querétaro, Marcos Aguilar Vega, “informó que se venderían algunas casas de la cultura y bibliotecas municipales, debido a la inhabilitación de algunas de estas para prestar servicios culturales y artísticos” (Staff Códice Informativo, 2016)[2].
Un año y medio después, el jueves 17 de agosto del 2017 en su versión electrónica del suplemento cultural Barroco del Diario de Querétaro, la entonces periodista y coordinadora de dicho suplemento, Margarita Ladrón de Guevara, recuperaba los testimonios de algunos artistas escénicos quienes calificaron como “excluyente, ambigua y discrecional” a la convocatoria para la edición 2017 de la Muestra Estatal de Teatro, lanzada por la Secretaría de Cultura Federal a través de las secretarías estatales. Aunque no era su responsabilidad total, los artistas consideraron que la Secretaría de Cultura del Estado de Querétaro “no revisó con detenimiento el cumplimiento de los requisitos” y que actuó con “negligencia” y “discrecionalidad”[3].
Los anteriores sucesos pasarían al anecdotario de las políticas culturales fracasadas de no ser porque estos tres casos tienen características en común en la cuestión de problematización, diseño, implementación y evaluación de las políticas culturales y sus respectivas acciones de gobierno, cuestiones que en la esfera civil llaman la atención. Pero quizás el aspecto que más destaca en los tres casos es el de la participación de los actores, específicamente de las comunidades de artistas y creadores a quienes estaban dirigidos los programas. Cabe preguntarse entonces, ¿qué son las políticas culturales? ¿Quiénes son los actores que participan de manera directa e indirecta en dichas políticas? ¿Cuáles y de qué tipo son los recursos con los que cuentan dichos actores? ¿Quiénes son esos actores y cuáles son sus objetivos? ¿Cómo podemos identificar a los distintos tipos de actores, sus roles y su forma de implicarse en las políticas culturales? En el presente texto trataremos de dar respuesta a las anteriores cuestiones con la intención de abonar a la interpretación y comprensión de la vida cultural institucional del Estado de Querétaro pero, sobre todo, para coadyuvar en la discusión de las políticas culturales, un tema coyuntural que sigue reclamando para sí un debate serio, permanente e informado, que se traduzca en beneficios directos para las comunidades artísticas y los consumidores de arte y cultura de nuestra entidad.
2. La esfera civil como escenario de las políticas públicas
Es quizás desde Platón que nos hemos referido de forma peyorativa a la idea de democracia, a pesar que la existencia de esta implica la presencia e interacción de mecanismos, esquemas de comportamiento, cosmovisiones, instituciones y personas. Pero quizás, además de considerar a la democracia más allá de una abstracción, es pertinente establecer un concepto de sea capaz de designar a esa diversidad de mecanismos, esquemas de comportamiento, cosmovisiones, instituciones y personas. Estas últimas, con categoría de ciudadanos, y generalmente representados como actores, actúan para tomar decisiones en la arena pública y consideran a todo aquel individuo que se halla dentro y fuera de la estructura gubernamental.
A través de una lectura crítica a Talcott Parsons, Jeffrey C. Alexander (2006)[4] propone el concepto de esfera civil como un espacio que se rige por la lógica del sentimiento de pertenencia y solidaridad, es decir, un campo intermedio de subjetividad y moralidad distinto del mercado y del poder, aunque, a diferencia de Parsons, no resulta en un concepto abstracto construido a partir de sólo reglas y normas, sino en otras narrativas y símbolos que se ponen en marcha en la interacción, intervenciones, relaciones e instituciones en tiempos específicos.
Podríamos representar a la esfera civil como una especie de representación teatral o universo narrativo a partir de relatos y formas de explicarnos el mundo, y que a su vez expresan cómo damos cuenta de la producción de lo social. En este sentido, el grado de pertenencia y solidaridad de los actores será otorgado por los códigos culturales profundos que se expresen en las instituciones educativas (medios de comunicación, encuestas, discursos de la sociedad civil) y mecanismos reguladores (partidos políticos, elecciones, cargos públicos, andamiajes institucionales) de la esfera civil. A través de las instituciones se expresa la solidaridad en la cual los derechos y obligaciones colectivos se manifiestan de acuerdo con la propia normativa y lógica moral de la esfera civil. En este sentido, la esfera civil exige un análisis independiente, empírico y diferenciado, aunque más moralmente universal que los conceptos de Estado y mercado, por ejemplo.
Una vez que hemos definido la esfera civil, es necesario diferenciarla del tradicional concepto de sociedad civil por dos razones:
1. El concepto de sociedad civil se encuentra aún anclado en formas de organización social fuera del Estado: asociaciones, organizaciones públicas y privadas, y formas cooperativas de relaciones que crean vínculos de confianza.
2. La expresión de sociedad civil se entiende regularmente como la mera expresión de los intereses individuales particulares que definen y modifican el campo político de la lucha democrática.
En contraste, la esfera civil se enfoca en los lazos de solidaridad más allá de los acuerdos políticos y los contratos determinados por la interacción de los sujetos, ya que en la esfera civil se pueden distinguir las estructuras del sentimiento, los hábitos, los esquemas de comportamiento y las distintas cosmovisiones de sentido moral que dan cuenta de la vida de las personas en su conjunto.
Al distinguir los sentimientos compartidos y los símbolos comunes que dan cuerpo a lo que piensan las personas dentro de su respectiva esfera civil, es posible distinguir sus conflictos, acuerdos, normas, códigos culturales y las estructuras normativas de interpretación.
En la esfera civil se condensan desde la posibilidad de elegir a nuestros gobernantes de entre las alternativas políticas existentes, hasta el derecho que como ciudadanos tenemos para hacer valer nuestra opinión, así como plantear y exigir respuestas a diversas demandas. Es en este momento en donde las políticas públicas entran a escena como un instrumento de gobernanza capaz de posibilitar, promover y potenciar la deliberación y participación de los distintos grupos de la sociedad que interactúan en la esfera civil.
Una política pública puede ser definida como una intervención deliberada del Estado para corregir o modificar una situación social o económica que ha sido reconocida como problema público. Es decir, de acuerdo con lo que proponen Arellano y Blanco[5] podemos considerar a las políticas públicas como todas las decisiones y acciones de gobierno que definen las problemáticas públicas específicas a solucionarse; además permiten establecer de manera explícita los mecanismos particulares y recursos a utilizar.
