La desigualdad en el ingreso, la falta de acceso a los servicios de vivienda y salud, aunado al mal funcionamiento de las instituciones públicas, provocaron en México el descenso en la esperanza de vida de la población a 76 años.
Lo anterior representa cinco años menos que el promedio en el resto de los países desarrollados de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).
Carmen Zúñiga, investigadora de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), advirtió que el país atraviesa por una delicada situación ante la prevalencia y el incremento de padecimientos relacionados con la pobreza como obesidad, diabetes, cáncer o enfermedades isquémicas.
Al participar en la segunda edición del Coloquio de Teoría Económica, puntualizó que ha disminuido la calidad de vida en el país por el clima de inseguridad, sumado a una etapa de transición epidemiológica mixta, a lo que se suma que en 2017 se registró la tasa más alta de homicidios, 25 por cada cien mil habitantes, lo que desató los índices de mortalidad evitable y prematura.
Añadió que las agresiones son la principal causa de decesos en hombres de entre 20 a 35 años de edad, quienes conformarían el grupo con mayor riesgo a morir prematuramente, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).
En su oportunidad, el profesor del Departamento de Economía de la misma institución universitaria, Jesús Díaz Pedroza, especificó que en 2014, Puebla se ubicó como la entidad más desigual, en tanto que la Ciudad de México se colocó en el quinto lugar en este ámbito y Tlaxcala registró el índice más pequeño.
Mientras que en la conferencia Análisis de aspectos relacionados con la equidad en salud y la insuficiencia renal en México, el jefe del Departamento de Políticas Sectoriales en la Secretaría de Economía, Francisco Aguilar, detalló que luego de haber realizado un estudio en 127 hospitales encontró que en el país hay 31 mil 712 pacientes que sufren de Insuficiencia Renal Crónica (IRC).
Este padecimiento, explicó, es la tercer causa de muerte en el país y está asociada a la presencia de diabetes mellitus, hipertensión arterial y glomerulopatías crónicas, lo que deriva en importantes pérdidas económicas y fomenta la exclusión de las personas que viven en el sector rural, quienes al no formar parte del mercado laboral carecen de cualquier tipo de seguridad social.
Al respecto, puntualizó en que “dicho diseño constitucional beneficia sólo al sector urbano y al funcionamiento de la industria, por lo que se está excluyendo a las personas al poner en marcha un sistema que genera círculos viciosos. Creo que la nueva administración federal deberá promover grandes cambios al respecto”.
