La Defensoría de los Derechos Humanos de Querétaro (DDHHQ), informó, a través de un comunicado, que se abrió el expediente de queja 240/2022, luego del acompañamiento que brindó a las personas detenidas tras la manifestación del pasado 10 de junio en la Avenida 5 de Febrero; además de que consideró fundamental que las autoridades demuestren su disposición al diálogo.
“Ya se conduce una investigación diligente y autónoma respecto a la actuación de las diversas autoridades involucradas para determinar si la intervención del personal dotado del uso legal de la fuerza pública se hizo con respeto a los principios fundamentales establecidos por el derecho internacional de los derechos humanos”, refirieron.
La titularidad de la DDHHQ reconoció que el uso de la fuerza pública debe ser el último recurso en situaciones que implican la manifestación de ideas diversas, además, esta “debe ajustarse a los principios fundamentales de legalidad, necesidad, proporcionalidad, precaución y no discriminación”, según lo que establece el Comité de Derechos Humanos.
Javier Rascado Pérez, el ombudsperson, señaló que en la dependencia que encabeza ya se entran realizando un análisis técnico y jurídico de la Ley que regula la prestación de los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento del Estado de Querétaro.
“Será a partir de la conclusión de dicho análisis técnico jurídico que se concluya si existen o no elementos violatorios de los derechos humanos”; la dependencia detalló que la práctica que conlleva el análisis es estándar, sin embargo, el hecho de que se trate el tema del agua la hace más relevante.
“En esta ocasión la relevancia del análisis que se conduce es mucho mayor, toda vez que se han recibido diversas solicitudes por parte de particulares y organismos de la sociedad civil, en las que se expresa la preocupación de que la ley en comento pudiera ser violatoria de los derechos humanos”.
Además, la DDHHQ se ofreció como organismo vinculante para el diálogo entre la ciudadanía y las autoridades competentes: “y con ello resolver las controversias que se
han suscitado, reducir las tensiones sociales y políticas y así evitar la consumación de un entorno propicio para situaciones que favorezcan la violación de derechos humanos”.
