/ lunes 9 de diciembre de 2019

Activistas denuncian “trabas” para acceder a ILE por violación

Dos mujeres en esta situación en el estado, se encontraron con “trabas” al acercarse a las instituciones de salud para interrumpir la gestación

Este año, tras la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sobre la norma 046, y que permite que las mujeres mayores de 12 años, con un embarazo producto de una violación, puedan acceder a un aborto sin necesidad de una denuncia, dos mujeres en esta situación en el estado, se encontraron con “trabas” al acercarse a las instituciones de salud para interrumpir la gestación.

Así lo denunció Lluvia Cervantes, coordinadora en Querétaro de la Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos en México (Ddeser), quien señaló que desde el 2007-cuando se despenalizó el aborto en la capital del país hasta las 12 semanas de gestación- alrededor de 500 mujeres han ido de Querétaro a la Ciudad de México para poder interrumpir legalmente su embarazo.

Señaló que desde el 2007 alrededor de 220 mil mujeres han interrumpido su embarazo en México y 160 mil de ellas, han dicho que son residentes de la capital del país.

La activista dijo que muchas de estas “trabas” a las que se enfrentan las mujeres están relacionadas con los prejuicios por parte de los prestadores de servicios de salud, además de que las mujeres desisten de practicarse el aborto en Querétaro, y deciden ir a la Ciudad de México, al encontrar el proceso desgastante.

“También implica que las personas no quieren llevar a cabo un trámite burocrático

más de denuncia, porque si de por si, el proceso de tener que decir una interrupción es muy desgastante y muy complicado para muchas mujeres”, enfatizó.

Indicó que según el Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE), en el 2009 al 2016, las autoridades sólo registraron un caso de una menor de edad que tuvo acceso a la interrupción legal del embarazo producto de violación en Querétaro.

“Muchas mujeres tienen la complicación de poder denunciar cuando se ven obligadas a denunciar porque son sus padres, sus hermanos, porque no hay una red que sostenga la posibilidad de que ellas denuncien o porque en ministerios públicos intentan denunciar y las revictimizan”, lamentó.

En este sentido, acusó que debido a la falta de información, las mujeres no saben que pueden acceder a interrumpir su embarazo legalmente en casos de violación y las gestaciones llegan a término, o bien se exponen a abortos clandestinos o asisten a la Ciudad de México.

“Lo que estamos observando es que no se les quiere dar el servicio, se invisibiliza que es una posibilidad para las mujeres en un contexto de por sí complicado como Querétaro, conservador, anti-derechos”, puntualizó.

Este año, tras la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sobre la norma 046, y que permite que las mujeres mayores de 12 años, con un embarazo producto de una violación, puedan acceder a un aborto sin necesidad de una denuncia, dos mujeres en esta situación en el estado, se encontraron con “trabas” al acercarse a las instituciones de salud para interrumpir la gestación.

Así lo denunció Lluvia Cervantes, coordinadora en Querétaro de la Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos en México (Ddeser), quien señaló que desde el 2007-cuando se despenalizó el aborto en la capital del país hasta las 12 semanas de gestación- alrededor de 500 mujeres han ido de Querétaro a la Ciudad de México para poder interrumpir legalmente su embarazo.

Señaló que desde el 2007 alrededor de 220 mil mujeres han interrumpido su embarazo en México y 160 mil de ellas, han dicho que son residentes de la capital del país.

La activista dijo que muchas de estas “trabas” a las que se enfrentan las mujeres están relacionadas con los prejuicios por parte de los prestadores de servicios de salud, además de que las mujeres desisten de practicarse el aborto en Querétaro, y deciden ir a la Ciudad de México, al encontrar el proceso desgastante.

“También implica que las personas no quieren llevar a cabo un trámite burocrático

más de denuncia, porque si de por si, el proceso de tener que decir una interrupción es muy desgastante y muy complicado para muchas mujeres”, enfatizó.

Indicó que según el Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE), en el 2009 al 2016, las autoridades sólo registraron un caso de una menor de edad que tuvo acceso a la interrupción legal del embarazo producto de violación en Querétaro.

“Muchas mujeres tienen la complicación de poder denunciar cuando se ven obligadas a denunciar porque son sus padres, sus hermanos, porque no hay una red que sostenga la posibilidad de que ellas denuncien o porque en ministerios públicos intentan denunciar y las revictimizan”, lamentó.

En este sentido, acusó que debido a la falta de información, las mujeres no saben que pueden acceder a interrumpir su embarazo legalmente en casos de violación y las gestaciones llegan a término, o bien se exponen a abortos clandestinos o asisten a la Ciudad de México.

“Lo que estamos observando es que no se les quiere dar el servicio, se invisibiliza que es una posibilidad para las mujeres en un contexto de por sí complicado como Querétaro, conservador, anti-derechos”, puntualizó.

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