La LIX legislatura local respaldó la Reforma federal que faculta a las autoridades a aplicar la extinción de dominio en los delitos de corrupción y robo de combustible, a partir de las reformas a los artículos 22 y 73 de la Constitución Política de México, que la Cámara de diputados federal envió a los estados, tras su aprobación en diciembre pasado.
Aunque los diputados locales respaldaron la posibilidad de que se incauten bienes muebles e inmuebles, así como cuentas bancarias por los delitos de corrupción, huiachicoleo y extorsión, entre otros, advirtieron que deberá vigilarse que esta figura no se utilice como modelo de represión o cacería de brujas, porque la reforma “No deja de tener un tufillo de confiscación”.
Minutos después de que el decreto de Reforma se aprobó en la Comisión de Puntos Constitucionales, los legisladores refrendaron su apoyo en la sesión de Pleno, ya que de acuerdo con la diputada Tania Palacios el lavado de dinero en México llega a representar 50 mil millones de dólares al año.
El diputado local, Hugo Cabrera Ruiz, se dijo preocupado de la posibilidad de que esta figura “pudiera corromperse”, ya que no deja de tener “un tufillo de confiscación” y pidió estar muy atentos a que las autoridades no se extralimiten ni hagan “Un modelo de represión y de cacería de brujas, tomando como argumento o pretexto, el estar involucrado en estas actividades ilícitas”.
El diputado local, Antonio Zapata Guerrero, agregó que la extinción de dominio se convertirá en una herramienta muy útil para que el estado debilite a las estructuras criminales en la parte que más les afecta, que son los recursos económicos y confió en que habrá limpieza en el actuar de las instituciones para no pervertir esta figura.
POSPONEN DISCUSIÓN DE AMPAROS
Por 16 votos a favor y nueve en contra, el Pleno de la legislatura local pospuso la discusión de dos amparos en favor de extrabajadores al servicio del estado, para que los montos de sus jubilaciones y pensiones se determinen con base en los contratos colectivos de trabajo.
El diputado local Néstor Domínguez denunció que la Comisión del Trabajo y Previsión Social heredó 155 expedientes de la legislatura local anterior y cuestionó que se posponga la discusión, en lugar de darle celeridad al tema.
