La Defensoría de Derechos Humanos del estado de Querétaro (DDHQ) descartó una violación a los derechos humanos de los comerciantes artesanos que fueron retirados el pasado 24 de octubre de Plaza de Armas.
Roxana Ávalos Vázquez, presidenta de la DDHQ, señaló que durante el operativo estuvo presente personal de la defensoría con el objetivo de asegurarse que el procedimiento de retiro se realizara conforme a la ley, por lo que se descartó alguna agresión.
“Precisamente la idea de que observadores de la defensoría estuvieran presentes es para determinar si hubo, más bien, que los procedimientos se llevaran a cabo conforme a la ley, lo que reportaron los visitadores que estuvieron presentes es que no se dio esos supuestos y que, inclusive, los grupos de comerciantes se sentaron a dialogar con autoridades municipales”, detalló.
Reconoció que hubo un señalamiento de comerciantes indígenas respecto al actuar de inspectores municipales; sin embargo, puntualizó que no se recibió ninguna queja al respecto, pese a que los visitadores de la defensoría estuvieron presentes.
“Por ahí se señalaba un incidente, se analizó y, hasta el momento, no se dio en esa situación ningún hecho violatorio de derechos humanos. Los visitadores estuvieron presentes para efecto no solo de observar la situación, si no también para recibir quejas por si alguna persona quisiera y no se presentó nada”, expresó.
Agregó que cuando hay quejas por presuntas violaciones a derechos humanos la Defensoría tiene que investigar, analizar y probar que se dieron; asimismo, enfatizó que al vivir en un estado de derecho no solo las autoridades deben acatar a cabalidad las normas existentes, sino también la ciudadanía.
“Si no fuese así, imagínese esta ciudad sería un caos. Entonces, hay reglas que seguir, hay reglamentos municipales que cumplir y la realidad es que también si no los cumplen eso no es una violación de derechos humanos, poner orden en una situación no es violación de derechos humanos”, destacó.
Ávalos Vázquez recordó que continúa en investigación la presunta violación de derechos humanos de las personas que fueron retiradas de Plaza de Armas el pasado 14 de junio para determinar si hubo o no alguna violación.
