Aunque la LX Legislatura recibió las observaciones del Poder Ejecutivo al artículo 159 del Código Penal, el acuerdo de los diputados es que no se hagan los cambios que se establecían en el primer paquete de Reformas que envío el gobernador, por lo que se mantendrá la redacción como establece el Código Penal vigente.
Así lo informó Antonio Zapata Guerrero, diputado presidente de la Mesa Directiva del Poder Legislativo, quien subrayó que la propuesta de la comisión al pleno legislativo es que se aprueben las observaciones que realizó el Ejecutivo a las reformas aprobadas el pasado 1 de abril en sesión de pleno.
“Ese es el proceso legislativo. Dicho de otra manera respetamos la observación que ha hecho el ejecutivo”, precisó.
El diputado mencionó que la observación parcial fue recibida el viernes por la tarde, por lo que se turnará a la Comisión de administración y procuración de justicia, la cual sesionará a más tardar la próxima semana para definir si acepta o rechaza la observación del Ejecutivo.
Posteriormente, la propuesta de aceptar la observación deberá aprobarse por mayoría calificada, es decir, 17 votos, para ser regresado al Poder Ejecutivo para su publicación.
“Nos ha llegado la observación del 159 con sus siete incisos. El comentario que hizo el diputado Memo Vega fue que lo que está vigente así es como queda, ¿qué duda surgió? Que la aprobación que hicimos a 119 artículos al código penal no está vigente, no se ha publicado, por eso se dice que se queda tal como está y sus divisiones que tiene”, indicó.
Zapata Guerrero detalló que la próxima sesión de pleno se tiene prevista para la última semana de abril y reiteró que la intención del Legislativo jamás fue vulnerar el derecho de acceso a la información.
“La opinión de los tres integrantes de la comisión, que encabeza el diputado Memo Vega, han tomado esa decisión para dictaminarla en el momento en que ellos decidan sesionar”, concluyó.
Cabe recordar que el gremio periodístico se manifestó en contra de la reforma a dicho artículo, contemplada en el paquete de reformas de seguridad y justicia presentado por el Ejecutivo, por vulnerar derechos humanos de acceso a la información y transparencia.
