/ miércoles 24 de julio de 2019

Autorizan embargar la sede de Libertad

La Fiscalía General de la República (FGR) recibió la autorización de un juez federal para catear y asegurar, mas no rematar a terceros el inmueble sede de la empresa Libertad Servicios Financieros, anteriormente Caja Libertad, derivado de la investigación que se le sigue a sus propietarios.

Fue el Juzgado Cuarto de Distrito de Amparo en Materia Penal en Ciudad de México, quien esta tarde negó a la defensa del abogado Juan Ramón Collado Mocelo una suspensión provisional contra la orden de cateo y su ejecución.

Collado tramitó un amparo para evitar que la Fiscalía confisque el inmueble matriz de la empresa Caja Libertad, ubicado en el Bulevar Bernardo Quintana, señalando como actos reclamados cualquier orden, mandato o instrucciones giradas por el aseguramiento del inmueble.

No obstante, la juez María Dolores Núñez Solorio, que conoció el amparo, argumentó que otorgarle la suspensión causaría perjuicio al interés social y se contravendría disposiciones de orden público, en términos lo dispuesto por el citado artículo 128, fracción II, de la Ley de Amparo, lo cual es inadmisible jurídicamente.

A su favor, el impartidor de justicia le concedió a Collado una suspensión provisional para efecto de que la autoridad responsable se abstenga de rematar o transmitir la propiedad a favor de terceros o sustraiga los bienes que se encuentren en los inmuebles precisados en líneas precedentes; lo anterior, hasta en tanto sean notificadas sobre la suspensión definitiva.

Collado, quien hace unas semanas fue detenido y vinculado a proceso por delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero, permanece interno en el Reclusorio Norte, y era socio mayoritario y presidente del Consejo de Administración de Libertad Servicios Financieros.

Tras su captura la empresa Libertad Servicios Financieros anunció que Juan Collado había decidido renunciar al Consejo de Administración, hasta que su situación jurídica sea aclarada y resuelta.

Es de destacar que en las investigaciones que lleva a cabo la Fiscalía General de la República, también se pretende detener a José Antonio Rico Rico, José Antonio Vargas Hernández, Roberto Isaac Rodríguez Gálvez y Tania Patricia García Ortega.

La Fiscalía General de la República (FGR) recibió la autorización de un juez federal para catear y asegurar, mas no rematar a terceros el inmueble sede de la empresa Libertad Servicios Financieros, anteriormente Caja Libertad, derivado de la investigación que se le sigue a sus propietarios.

Fue el Juzgado Cuarto de Distrito de Amparo en Materia Penal en Ciudad de México, quien esta tarde negó a la defensa del abogado Juan Ramón Collado Mocelo una suspensión provisional contra la orden de cateo y su ejecución.

Collado tramitó un amparo para evitar que la Fiscalía confisque el inmueble matriz de la empresa Caja Libertad, ubicado en el Bulevar Bernardo Quintana, señalando como actos reclamados cualquier orden, mandato o instrucciones giradas por el aseguramiento del inmueble.

No obstante, la juez María Dolores Núñez Solorio, que conoció el amparo, argumentó que otorgarle la suspensión causaría perjuicio al interés social y se contravendría disposiciones de orden público, en términos lo dispuesto por el citado artículo 128, fracción II, de la Ley de Amparo, lo cual es inadmisible jurídicamente.

A su favor, el impartidor de justicia le concedió a Collado una suspensión provisional para efecto de que la autoridad responsable se abstenga de rematar o transmitir la propiedad a favor de terceros o sustraiga los bienes que se encuentren en los inmuebles precisados en líneas precedentes; lo anterior, hasta en tanto sean notificadas sobre la suspensión definitiva.

Collado, quien hace unas semanas fue detenido y vinculado a proceso por delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero, permanece interno en el Reclusorio Norte, y era socio mayoritario y presidente del Consejo de Administración de Libertad Servicios Financieros.

Tras su captura la empresa Libertad Servicios Financieros anunció que Juan Collado había decidido renunciar al Consejo de Administración, hasta que su situación jurídica sea aclarada y resuelta.

Es de destacar que en las investigaciones que lleva a cabo la Fiscalía General de la República, también se pretende detener a José Antonio Rico Rico, José Antonio Vargas Hernández, Roberto Isaac Rodríguez Gálvez y Tania Patricia García Ortega.

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