/ miércoles 22 de junio de 2022

Buscan otro alegato contra ley de aguas

Activistas e integrantes del PT, señalaron que analizan la posibilidad de presentar amparos una vez que entre en vigor la ley, el próximo 1 de julio

Activistas e integrantes del Partido del Trabajo (PT) dieron a conocer que analizan presentar amparos contra la ley que regula los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento, luego de que ni la CNDH ni la DDHQ presentaran una acción de inconstitucionalidad sobre dicha normativa, la cual entrará en vigor el próximo 1 de julio.

En rueda de prensa, lamentaron la postura de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y la Defensoría estatal sobre que no se violentan derechos humanos, pese a que distintos colectivos, e incluso la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ), señalan que sí se vulneraron derechos.

Joaquín de la Lama, exdelegado de Gobernación e integrante del Frente Estatal de Lucha (FEL), reconoció que la figura de la concesión está considerada en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, lo que la vuelve legal; sin embargo, apuntó que hubo un abuso del mandato por parte de las autoridades en este tema.

Agregó que, tras las aprobación de esta ley, los funcionarios deberán someterse al escrutinio público y señaló que, luego de no presentarse la acción de inconstitucionalidad, el “campo legal” contra esta ley “está agotado”.

En tanto, Alicia Colchado Ariza, representante de Desarrollo Comunitario para la Transformación Social A.C., mencionó que distintos colectivos analizan la fecha en que se podrían presentar los amparos contra esta ley, los cuales, dijo, tendrían que ser individuales y no colectivos. Además, enfatizó que se analiza la posibilidad de acudir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

“No podemos perder de vista que la ley de amparo nos permite acudir a este forma de hacernos escuchar 30 días hábiles después del primer día de su implementación, por lo tanto, esta ley que entra en vigencia el 1 de julio, ahí tenemos esa posibilidad todavía, ese es un recurso jurídico qué hay que explorar, no hay que descartarlo del todo”, indicó.

Añadió que las manifestaciones multitudinarias que se dieron en torno a este tema pusieron en evidencia la preocupación social de la privatización del vital líquido, así como el rechazo a la aprobación de una ley en “fast track” en representación de más de dos millones de habitantes en el estado.

Durante la rueda de prensa, anunciaron que este viernes 24 de junio, a las 12:00 en Plaza de Armas, el diputado federal Gerardo Fernández Noroña dará un posicionamiento en torno a la denominada “ley de aguas” del estado.


Activistas e integrantes del Partido del Trabajo (PT) dieron a conocer que analizan presentar amparos contra la ley que regula los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento, luego de que ni la CNDH ni la DDHQ presentaran una acción de inconstitucionalidad sobre dicha normativa, la cual entrará en vigor el próximo 1 de julio.

En rueda de prensa, lamentaron la postura de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y la Defensoría estatal sobre que no se violentan derechos humanos, pese a que distintos colectivos, e incluso la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ), señalan que sí se vulneraron derechos.

Joaquín de la Lama, exdelegado de Gobernación e integrante del Frente Estatal de Lucha (FEL), reconoció que la figura de la concesión está considerada en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, lo que la vuelve legal; sin embargo, apuntó que hubo un abuso del mandato por parte de las autoridades en este tema.

Agregó que, tras las aprobación de esta ley, los funcionarios deberán someterse al escrutinio público y señaló que, luego de no presentarse la acción de inconstitucionalidad, el “campo legal” contra esta ley “está agotado”.

En tanto, Alicia Colchado Ariza, representante de Desarrollo Comunitario para la Transformación Social A.C., mencionó que distintos colectivos analizan la fecha en que se podrían presentar los amparos contra esta ley, los cuales, dijo, tendrían que ser individuales y no colectivos. Además, enfatizó que se analiza la posibilidad de acudir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

“No podemos perder de vista que la ley de amparo nos permite acudir a este forma de hacernos escuchar 30 días hábiles después del primer día de su implementación, por lo tanto, esta ley que entra en vigencia el 1 de julio, ahí tenemos esa posibilidad todavía, ese es un recurso jurídico qué hay que explorar, no hay que descartarlo del todo”, indicó.

Añadió que las manifestaciones multitudinarias que se dieron en torno a este tema pusieron en evidencia la preocupación social de la privatización del vital líquido, así como el rechazo a la aprobación de una ley en “fast track” en representación de más de dos millones de habitantes en el estado.

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