/ jueves 22 de agosto de 2019

Celebra ONG a la DDHQ, resolución “es un logro”

Walter López, afirmó que con esta recomendación, queda de manifiesto que hay límites constitucionales para la libertad de expresión

-Hasta 3 años de prisión se establecen en Querétaro para el funcionario público que discrimine.

-DDH estableció que la diputada local vulneró a la comunidad LGBT+.

-15 días tiene la diputada para responder recomendación de la DDH.


El Frente Queretano por el Derecho a la No Discriminación y el Estado Laico celebró la recomendación de la Defensoría de los Derechos Humanos (DDH) hacia la diputada local de Acción Nacional (PAN), Elsa Méndez Álvarez, y que concluyó que la legisladora vulneró los derechos humanos de la comunidad LGBT+

Walter López, vocero del Frente que agrupa a diversas organizaciones, afirmó que con esta recomendación, queda de manifiesto que hay límites constitucionales para la libertad de expresión y consideró esto como un logro y una victoria para los derechos humanos.

Agregó que de acuerdo con el documento emitido por la DDH, la legisladora tiene 15 días para responder a este organismo, y de aceptar la recomendación, tiene que modular y eliminar de su lenguaje los mensajes de odio.

Sin embargo, de no aceptar Méndez Álvarez la recomendación, López advirtió que se podría iniciar un proceso en la Fiscalía General por el delito de discriminación, sancionado en el Código Penal de la entidad de uno a tres años de prisión o de 25 a 100 días de trabajos a favor de la comunidad, y de 50 a 200 días multa.

"En caso de que la diputada no conteste o diga que no, que siga en esta posición, etcétera, se abre con este documento (la recomendación) la posibilidad de una demanda penal. Está en las manos de cómo se resuelve este caso", declaró.

Agregó que los activistas que promovieron esta queja ante la DDH han externado que buscan una disculpa pública por parte de la legisladora como de su partido, Acción Nacional.

"Ellos pusieron su queja en la Defensoría que llegó a su término con una victoria para los derechos humanos", recalcó.

De acuerdo con el Código Penal del estado, se le aumentará hasta en una mitad la pena prevista, al funcionario público que provoque o incite al odio o a la violencia, retarde un trámite, servicio o prestación entre otras conductas discriminatorias en razón de edad, sexo, embarazo, estado civil, raza, idioma, religión, ideología, orientación sexual, color de piel o nacionalidad, entre otros.

Además se le impondrá la destitución e inhabilitación para el desempeño de cualquier cargo, empleo o comisión públicos hasta por el mismo lapso de la pena de prisión impuesta.

-Hasta 3 años de prisión se establecen en Querétaro para el funcionario público que discrimine.

-DDH estableció que la diputada local vulneró a la comunidad LGBT+.

-15 días tiene la diputada para responder recomendación de la DDH.


El Frente Queretano por el Derecho a la No Discriminación y el Estado Laico celebró la recomendación de la Defensoría de los Derechos Humanos (DDH) hacia la diputada local de Acción Nacional (PAN), Elsa Méndez Álvarez, y que concluyó que la legisladora vulneró los derechos humanos de la comunidad LGBT+

Walter López, vocero del Frente que agrupa a diversas organizaciones, afirmó que con esta recomendación, queda de manifiesto que hay límites constitucionales para la libertad de expresión y consideró esto como un logro y una victoria para los derechos humanos.

Agregó que de acuerdo con el documento emitido por la DDH, la legisladora tiene 15 días para responder a este organismo, y de aceptar la recomendación, tiene que modular y eliminar de su lenguaje los mensajes de odio.

Sin embargo, de no aceptar Méndez Álvarez la recomendación, López advirtió que se podría iniciar un proceso en la Fiscalía General por el delito de discriminación, sancionado en el Código Penal de la entidad de uno a tres años de prisión o de 25 a 100 días de trabajos a favor de la comunidad, y de 50 a 200 días multa.

"En caso de que la diputada no conteste o diga que no, que siga en esta posición, etcétera, se abre con este documento (la recomendación) la posibilidad de una demanda penal. Está en las manos de cómo se resuelve este caso", declaró.

Agregó que los activistas que promovieron esta queja ante la DDH han externado que buscan una disculpa pública por parte de la legisladora como de su partido, Acción Nacional.

"Ellos pusieron su queja en la Defensoría que llegó a su término con una victoria para los derechos humanos", recalcó.

De acuerdo con el Código Penal del estado, se le aumentará hasta en una mitad la pena prevista, al funcionario público que provoque o incite al odio o a la violencia, retarde un trámite, servicio o prestación entre otras conductas discriminatorias en razón de edad, sexo, embarazo, estado civil, raza, idioma, religión, ideología, orientación sexual, color de piel o nacionalidad, entre otros.

Además se le impondrá la destitución e inhabilitación para el desempeño de cualquier cargo, empleo o comisión públicos hasta por el mismo lapso de la pena de prisión impuesta.

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