El 80 por ciento de los fraccionamientos en Querétaro, seestima, cometen irregularidades con las que atentan contra el medioambiente, como son carecer de plantas de tratamiento einfraestructura pluvial, declararon ambientalistas, quienesexigieron medidas determinantes y urgieron mayores sanciones contraquienes implementan acciones irregulares, particularmente tras lasituación detectada en el desarrollo Balvanera, descubierta ysancionada por la autoridad federal.
Estimaron que la situación se observa tanto en desarrollosnuevos como en los construidos en al menos, los últimos 20 años,de ahí que demandaron no se permita la impunidad ambiental, queobliga a que las comunidades vivan en las aguas negras, se reduzcanlas áreas verdes, crezcan las posibilidades de inundación yexistan cambios drásticos en el clima. Enfatizaron que lassanciones deben interponerse a todos, sin importar el proyecto, osi se trata de amigos de los funcionarios de alguno de los tresniveles de gobierno.
También aseguraron que las quemas en áreas naturalesprotegidas son producto de ese deseo por querer construir en lazona, toda vez que los constructores incurren a las talas hormigasilegales e incendios controlados para provocar un deterioro en laszonas, para después construir en ellas e incluso, conseguir laszonas más baratas, por lo que exigieron que las multas les seantan altas que ya no puedan recurrir a las irregularidades y que seentregue una lista de todos los incendios registrados enQuerétaro, para detectar en cuáles puedan registrarse dichoscasos.
Lo anterior en rueda de prensa encabezada por AméricaVizcaíno, María del Carmen Siurob y Ana Laura Juárez, quienessostuvieron que existieron prácticas irresponsables con costo paralos ciudadanos, de ahí que urgieron a la empresa a hacerseresponsable de sus acciones y exigieron a las autoridades a no sercómplices de los daños a flora y fauna.
“Es un contubernio con las autoridades que, muchos añosatrás; lo que vemos ahorita de crecimiento son autorizacionesdesde del 2013; muchos de los edificios en los fraccionamientosfueron autorizados hace muchos, muchos años… lo único que hacenes: les autorizan el permiso cuando la autoridad, pues es amiga deellos, les facilitan las cosas y lo que hacen, posteriormente, esactualizar los permisos… cuando haces el recorrido, te das cuentade que no cumplen con muchas obras”.
América sostuvo que el caso Balvanera ejemplifica la forma enque los desarrollos inmobiliarios actúan en Querétaro, puesinician y terminan proyectos dijo, sin los permisoscorrespondientes, o autorización, esto ante “La falta deobservancia de la legislación ambiental, todo en detrimento de laflora y la fauna, sin que existan sanciones de compensación,insistió.
“La mayoría de los desarrollos que están aquí, yo quisierasaber cuántos tienen planta de tratamiento de aguas, cuántostienen infraestructura pluvial para contener, regular y evitar lasinundaciones en la ciudad, cuántos están concentrando áreasverdes para el saneamiento ambiental y cuantos están protegiendoel patrimonio natural, e integrándolo a sus proyectoshabitacionales”.
Argumentó que derivado de que no se aplica la legislación alos desarrolladores es que Querétaro ya registra problemasambientales, urbanos y sociales, estos últimos ante elhacinamiento, dijo, que provocan desarrolladores que no planean,obligando a la ciudad a financiar la infraestructura públicanecesaria.
“Nosotros, de nuestro presupuesto, estamos financiando, estáel Fray Junípero, estamos financiando infraestructura,electrificación, drenaje, alcantarillado ¿Y qué es lo queobtienen las comunidades y la ciudad? Nada”.
Sostuvieron que contrario a aplicar sanciones, incluso se tienedesarrollos con plantas de tratamiento que contaminan, pues viertensus desechos a ríos, bordos y presas, sin antes tratar elagua.
“Las zonas de preservación ecológica están siendourbanizadas, porque hacia allá los desarrolladores estándirigiendo sus inversiones ¿Por qué las están dirigiendo haciaahí? Porqué hacia ahí las autoridades les dan permiso”.
Por último, argumentaron que realizarán un censo, paradeterminar y denunciar, claramente cuáles son los fraccionamientosque se crearon u operan en irregularidades.
