La entrega de programas sociales debe sujetarse a lo establecido en la ley, explicó Juan Rivera Hernández, director ejecutivo de Asuntos Jurídicos en el Instituto Electoral del Estado de (IEEQ); organismo que analiza dos procedimientos especial sancionadores por el presunto uso imparcial de recursos públicos por parte de legisladoras de Acción Nacional (PAN), que entregaron despensas de gobierno del estado.
En entrevista, Rivera Hernández explicó que los actos de proselitismo, se identifican durante el proceso electoral, el cual iniciará hasta el mes de septiembre. Sin embargo, reiteró que se recibieron dos denuncias por parte del PT hacia legisladores por presunto uso de recursos públicos.
“Estas denuncias presentadas por esta persona, lo que indican es que, desde su punto de vista, hay una afectación en este principio de imparcialidad en los recursos públicos. Como todas las denuncias, se recibe y entran en un periodo de análisis”, dijo.
De acuerdo con Rivera Hernández, los programas sociales no deben de tener un fin electoral, ni existir promoción personalizada, “pero sí los programas y los apoyos deben de entregarse con base en reglas de operación que están establecidas en las leyes; es decir, todos los programas deben ajustarse a reglas de operación”, abundó.
En este sentido, recalcó que se debe de cumplir lo establecido en el artículo 134 constitucional y que señala que la propaganda, bajo cualquier modalidad de comunicación social, “en ningún caso (…) incluirá nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción personalizada de cualquier servidor público”.
“Son dos principios que deben de observarse para que no se viole el artículo 134 constitucional, que siempre debe haber imparcialidad en los recursos públicos y se debe evitar la promoción personalizada de los servidores públicos”, agregó en tanto, Rivera Hernández.
