/ viernes 13 de abril de 2018

Contaminación muy crítica en 600 sitios históricos

La Procuraduría Federal de Protección Ambiental (Profepa) recuperará 30 de los 600 sitios históricos contaminados en el país que se encuentran en situación “muy crítica”, como parte de los compromisos internacionales del país en materia de medio ambiente, subrayó el titular de la dependencia, Guillermo Haro Bélchez.

Durante la entrega de certificaciones de Profepa como industria limpia a once empresas queretanas y de 18 reconocimientos estatales, Haro Bélchez se sumó a los llamados a construir una economía verde, mediante el cumplimiento de los compromisos internacionales en materia ambiental, como la recuperación de esos 30 puntos.

“Estamos empeñados en cuando menos en 30 de ellos, de estos 600, que son históricos, algunos centenarios, podamos caracterizarlos, remediarlos y volverlos a su estado natural, volverlos al esplendor de la riqueza del capital natural de nuestro país”, declaró.

Puntualizó que estos 30 sitios enfrentan contaminación centenaria de actividades industriales, fundamentalmente minera y se trabaja en su recuperación, porque “quien cause el daño está obligado a repararlo”.

Se pronunció por mejorar la capacidad hídrica del país, que hoy tiene una cobertura de agua potable del 94% en la nación, pero debe mejorar el tratamiento de las aguas residuales, sobre todo de las que están a cargo de los ayuntamientos.

“Únicamente la mitad de las plantas de tratamiento de los ayuntamientos del país funcionan, la meta es llegar cuando menos más del 60% este año, para poder ir en el camino correcto”, dijo el titular de la dependencia federal.

Subrayó que el país alberga al 10% de la flora y la fauna del mundo, lo que lo obliga a cumplir con compromisos como reducir en 50% las emisiones de gases de efecto invernadero, con respecto a las emisiones de 2010 y se estima que para 2030 se alcanzará una disminución del 25%.

Para cumplir ese reto, se pretende certificar a seis mil de las 14 mil empresas sujetas al programa de auditoría ambiental de jurisdicción federal y en el caso de Querétaro, puntualizó que hay dos mil empresas de jurisdicción federal, de las que el 10% ya se certificó voluntariamente.

Como parte de ese esfuerzo, se pretende contar con un certificado único entre la federación y los gobiernos estatales, para facilitar los trámites que deben efectuarse actualmente.

Ante los empresarios que recibieron estas certificaciones, Guillermo Haro puntualizó que México enfrenta la urgencia de detener la pérdida de la biodiversidad, para lograr una “deforestación tasa cero” en el año 2030 y “la tendencia es favorable, es positiva, pero hay que continuar con esta presencia para evitar la tala clandestina”.

Una forma de lograrlo, es elevar la tasa de madera legal en el país, ya que en 2002 sólo se producía legalmente en el país 5.9 millones de metros cúbicos de manera legal, “cuando nuestras necesidades de manera en el país rebasan los 30 millones de metros cúbicos, la meta es cuando menos, al cierre de este año, tener 15 millones de metros cúbicos de manera legal. Hoy en día la mayor parte de madera que se consume en nuestro país es de importación o es producto, lamentablemente, de la tala ilegal”.

En un intento de detener esa tala ilegal, se logró la identificación de los puntos más afectados y se incrementaron los operativos de vigilancia en esas zonas y aunque las cifras “son alentadoras, siguen siendo altos los índices de deforestación en nuestro país”.

Durante la ceremonia de entrega de certificados, el titular de la Secretaría de Desarrollo Sustentable del estado (SEDESU), Marco del Prete Tercero reconoció la responsabilidad social de los empresarios queretanos que optaron por certificarse, para no hipotecar el patrimonio ambiental por el crecimiento económico.

Recordó que estos certificados fueron posibles por un convenio que se firmó hace un año con la Profepa para promover el cuidado ambiental en la actividad empresarial y advirtió que se combatirá a aquellos infractores ambientales que pretenden abusar de alguna canonjías, buscando recovecos legales y que pretenden urbanizar tierras que no están habilitadas para tal efecto”.


La Procuraduría Federal de Protección Ambiental (Profepa) recuperará 30 de los 600 sitios históricos contaminados en el país que se encuentran en situación “muy crítica”, como parte de los compromisos internacionales del país en materia de medio ambiente, subrayó el titular de la dependencia, Guillermo Haro Bélchez.

Durante la entrega de certificaciones de Profepa como industria limpia a once empresas queretanas y de 18 reconocimientos estatales, Haro Bélchez se sumó a los llamados a construir una economía verde, mediante el cumplimiento de los compromisos internacionales en materia ambiental, como la recuperación de esos 30 puntos.

“Estamos empeñados en cuando menos en 30 de ellos, de estos 600, que son históricos, algunos centenarios, podamos caracterizarlos, remediarlos y volverlos a su estado natural, volverlos al esplendor de la riqueza del capital natural de nuestro país”, declaró.

Puntualizó que estos 30 sitios enfrentan contaminación centenaria de actividades industriales, fundamentalmente minera y se trabaja en su recuperación, porque “quien cause el daño está obligado a repararlo”.

Se pronunció por mejorar la capacidad hídrica del país, que hoy tiene una cobertura de agua potable del 94% en la nación, pero debe mejorar el tratamiento de las aguas residuales, sobre todo de las que están a cargo de los ayuntamientos.

“Únicamente la mitad de las plantas de tratamiento de los ayuntamientos del país funcionan, la meta es llegar cuando menos más del 60% este año, para poder ir en el camino correcto”, dijo el titular de la dependencia federal.

Subrayó que el país alberga al 10% de la flora y la fauna del mundo, lo que lo obliga a cumplir con compromisos como reducir en 50% las emisiones de gases de efecto invernadero, con respecto a las emisiones de 2010 y se estima que para 2030 se alcanzará una disminución del 25%.

Para cumplir ese reto, se pretende certificar a seis mil de las 14 mil empresas sujetas al programa de auditoría ambiental de jurisdicción federal y en el caso de Querétaro, puntualizó que hay dos mil empresas de jurisdicción federal, de las que el 10% ya se certificó voluntariamente.

Como parte de ese esfuerzo, se pretende contar con un certificado único entre la federación y los gobiernos estatales, para facilitar los trámites que deben efectuarse actualmente.

Ante los empresarios que recibieron estas certificaciones, Guillermo Haro puntualizó que México enfrenta la urgencia de detener la pérdida de la biodiversidad, para lograr una “deforestación tasa cero” en el año 2030 y “la tendencia es favorable, es positiva, pero hay que continuar con esta presencia para evitar la tala clandestina”.

Una forma de lograrlo, es elevar la tasa de madera legal en el país, ya que en 2002 sólo se producía legalmente en el país 5.9 millones de metros cúbicos de manera legal, “cuando nuestras necesidades de manera en el país rebasan los 30 millones de metros cúbicos, la meta es cuando menos, al cierre de este año, tener 15 millones de metros cúbicos de manera legal. Hoy en día la mayor parte de madera que se consume en nuestro país es de importación o es producto, lamentablemente, de la tala ilegal”.

En un intento de detener esa tala ilegal, se logró la identificación de los puntos más afectados y se incrementaron los operativos de vigilancia en esas zonas y aunque las cifras “son alentadoras, siguen siendo altos los índices de deforestación en nuestro país”.

Durante la ceremonia de entrega de certificados, el titular de la Secretaría de Desarrollo Sustentable del estado (SEDESU), Marco del Prete Tercero reconoció la responsabilidad social de los empresarios queretanos que optaron por certificarse, para no hipotecar el patrimonio ambiental por el crecimiento económico.

Recordó que estos certificados fueron posibles por un convenio que se firmó hace un año con la Profepa para promover el cuidado ambiental en la actividad empresarial y advirtió que se combatirá a aquellos infractores ambientales que pretenden abusar de alguna canonjías, buscando recovecos legales y que pretenden urbanizar tierras que no están habilitadas para tal efecto”.


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