Para el 2018 el Poder Judicial de Querétaro prevé la creaciónde una unidad laboral que permita la absorción de las juntas deconciliación y arbitraje, como lo ordena la reforma a la justicialaboral presentada por la presidencia de la República, informóConsuelo Rosillo Garfias, magistrada presidenta del TribunalSuperior de Justicia.
Por ahora la Junta Local de Conciliación y Arbitraje cuenta con38 mil asuntos pendientes, lo que contrasta con los 30 mil quereportó la Secretaría de Trabajo a principios del año; ConsueloRosillo confió que el Tribunal Superior de Justicia pueda hacersecargo de estas tareas con carga cero.
En febrero de este año se emitió un decreto presidencial paramodificar y adicionar diversas disposiciones de los artículos 117y 123 de la Constitución Política del país, para que la justicialaboral sea impartida en lo sucesivo por órganos del PoderJudicial federal o de los Poderes Judiciales locales, segúncorresponda.
Rosillo Garfias indicó que aún no existe ningún ordenamientojurídico a nivel nacional que establezca con exactitud cuándodeberá concretarse la absorción de las Juntas de Conciliación yArbitraje por parte del Tribunal Superior de Justicia. "Estaríamoshablando que a nivel de los Poderes Ejecutivos se pongan deacuerdo, en este caso el Presidente de la República, porque es unainiciativa de él y fue a propuesta de la Presidencia de laRepública la reforma constitucional".
La magistrada aclaró que el papel del tribunal local eshomologar la constitución estatal con la reforma mandatada por elpresidente y concretar la reforma a la ley orgánica del PoderJudicial que establezca que será competente para tratar losasuntos de índole laboral.
"Hasta este momento no se contempla esta competencia, el 24 defebrero es la fecha límite para tener tanto la reforma (a laconstitución local) como la ley orgánica del Poder Judicial".
Rosillo Garfias indicó que cuando se conozca a detalle lareforma laboral en materia procesal se procederá a diseñar losjuzgados, unidades o juntas necesarias para atenderla.
"Hasta este momento sabemos que vamos a conocer de la justicialaboral, pero no sabemos el modelo específico. En febrero sólonecesitamos la armonización jurídica, una vez que se armonice lanorma, en ese momento se dará el plazo para la creación de lasfiguras que la propia ley procesal contempla".
Para llevar a cabo este cambio, la magistrada explicó quedentro del presupuesto que se ha solicitado para el 2018, seencuentra una partida bajo el nombre de unidad laboral, a travésde la cual se solicitaron los recursos para avanzar en latransición.
"Estamos planteando una petición para la unidad laboral, sinembargo, en el propio documento que se presentará a lalegislatura, se establece que se replicarán las unidades, tantasseas necesarias, dependiendo de las cargas de trabajo que se nosvayan presentando".
PRESUPUESTO
De acuerdo con Consuelo Rosillo, en el presupuesto solicitadopara el 2018 se prevé un incremento del tres por ciento para gastode personal, mientras que para materiales e insumos el alzarequerida es del cinco por ciento, ambas cifras apegadas a la normade disciplina financiera, dijo. "Nuestras necesidades son muchas,estamos pidiendo un incremento y estamos planteando los posiblesproyectos como programas de justicia laboral, familiar, mercantil,en materia de actuarios".
En el 2017 el Tribunal Superior de Justicia ejerció unpresupuesto de alrededor de 723 millones de pesos.
