En dos meses el municipio de Cadereyta de Montes tendrá un balance de cómo funcionó la aplicación del cobro de recaudación por el derecho por el servicio de alumbrado público, informó Miguel Martínez Peñaloza, presidente municipal.
Cabe recordar que por mandato de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) el cobro de este derecho se declaró inconstitucional; sin embargo, la demarcación contrató a empresa para diseñar una estrategia para hacer dicho cobro.
Incluso, en su ley de ingresos para el ejercicio fiscal 2022 se estimó una recaudación por el cobro de este derecho a la ciudadanía de seis millones 245 mil 170 pesos.
De acuerdo con el edil, el diseño de estrategia tendrá resultados en un lapso de dos meses, tiempo en el que se podría identificar si hubo una recaudación para subsanar el pago que representa el pago de energía eléctrica.
“La legislatura aprobó la ley de ingresos, hicimos un planteamiento de una empresa que contratamos para que nos ayude a recaudar y ver si de esta manera no es anticonstitucional el tema del DAP. Estamos en ello trabajando, aún no podemos dar resultados hasta que hayan transcurrido dos meses del trabajo que hicimos y poder darnos cuenta si podemos recaudar lo que se dejó de recaudar del año pasado”, mencionó.
Martínez Peñaloza recordó que el municipio consume un aproximado de 12 millones de pesos al año en alumbrado público, por lo que la intención de este cobro es que la ciudadanía aporte con la mitad del mismo.
“Nosotros consumimos 12 millones de pesos al año en alumbrado público y recaudábamos seis millones solamente, pero al declararse inconstitucional íbamos a quedar en cero pesos recaudados y municipio iba a tener que pagar 12 millones de pesos”, explicó.
Según la ley de ingresos, se contemplaron tres mecanismos de cobro a la ciudadanía, además de la aplicación de recursos de revisión para quienes detecten alguna irregularidad.
La ley se envió considerando cero pesos de recaudación.
