/ sábado 23 de abril de 2022

Déficit de atención a violencia digital

Ninguna sentencia ni acuerdo reparatorio en 2 años, reviran activistas al Tribunal Superior

Aunque hay 162 carpetas de investigación entre 2021 y 2022 por del delito de acoso sexual en la modalidad digital, solo se han logrado judicializar 25 casos y aún no se obtienen ninguna sentencia o acuerdo reparatorio, aseveró la activista de Adax Digital, Mayra Dávila Alvarado.

Explicó que estas 25 carpetas judicializadas solo son a las que brinda acompañamiento la organización, sin embargo pueden haber más casos de mujeres que acuden a interponer la denuncia sin el respaldo de alguna colectiva.

En sentido, afirmó que se contraponen a los 10 casos que señaló la magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), Mariela Ponce Villa, han llegado al poder judicial.

“El bajo número de carpetas de los que ellos tienen conocimiento no es porque no se denuncie, no es porque el fenómeno no exista o sea menor, el tema es que hay mucho desconocimiento del área jurídica por parte de las víctimas”, señaló.

Puntualizó también que hay deficiencias en las investigaciones que realiza la policía cibernética, ya que son quienes realizan los estudios para recabar pruebas de la violencia digital, y los proceso que realizan son burocráticos y llevan más tiempo porque se debe triangular las solicitudes entre la secretaría de Seguridad Ciudadana, la Fiscalía General del Estado y la policía cibernética.

“Y luego cuando llegan los informes resulta que ya no encuentran nada porque ya eliminaron el perfil o los perfiles”, subrayó.

Refirió que las autoridades de la Fiscalía General del Estado complican la judicialización de las carpetas porque piden que la denuncia sea interpuesta en lo inmediato.

“Prácticamente nos piden que en el momento que están agrediendo a las víctimas y tengamos la evidencia en video, en audio y con defensor de oficio, entonces nos la ponen muy complicada”, aseveró.

Dávila Alvaro indicó que en promedio les lleva ocho meses judicializar los casos. Y en algunos casos las víctimas desisten de continuar con el proceso porque la justicia es lenta e ineficaz.

KARLA

La activista señaló que uno los casos que llevan y de los que aún no se logra la audiencia inicial, es el de Karla “N”, de quien su ex pareja junto con una mujer difundieron material íntimo a través de redes sociales.

Explicó que una mujer fue quien publicó la imagen, e incluso trató de lucrar con la difusión del material íntimo.

“La nueva pareja es quien desde su perfil personal publica la foto de Karla con sus datos personales como sexo servidora. Y a partir de ahí empieza un acoso hacia Karla, y a partir de ahí le escribieron, porque difundieron sus datos personales”, puntualizó.

Fue hace año y seis meses cuando Karla inició el proceso legal, y hasta el momento no se ha llevado la audiencia inicial, por lo que solicitaron una orden de aprehensión contra la mujer presunta responsable, ya que el hombre sí se presentó ante la fiscalía.

PROPUESTAS

Refirió que han solicitado una reforma a la ley orgánica de la Fiscalía General del Estado para que la policía cibernética sea facultada para investigar la violencia digital, haya más personas y más recursos.

“Por eso estamos hablando con diputadas y diputados porque no se puede hacer mucho si nuestra policía cibernética en Querétaro son dos agentes los que están trabajando, el director y la secretaria”, puntualizó.


Aunque hay 162 carpetas de investigación entre 2021 y 2022 por del delito de acoso sexual en la modalidad digital, solo se han logrado judicializar 25 casos y aún no se obtienen ninguna sentencia o acuerdo reparatorio, aseveró la activista de Adax Digital, Mayra Dávila Alvarado.

Explicó que estas 25 carpetas judicializadas solo son a las que brinda acompañamiento la organización, sin embargo pueden haber más casos de mujeres que acuden a interponer la denuncia sin el respaldo de alguna colectiva.

En sentido, afirmó que se contraponen a los 10 casos que señaló la magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), Mariela Ponce Villa, han llegado al poder judicial.

“El bajo número de carpetas de los que ellos tienen conocimiento no es porque no se denuncie, no es porque el fenómeno no exista o sea menor, el tema es que hay mucho desconocimiento del área jurídica por parte de las víctimas”, señaló.

Puntualizó también que hay deficiencias en las investigaciones que realiza la policía cibernética, ya que son quienes realizan los estudios para recabar pruebas de la violencia digital, y los proceso que realizan son burocráticos y llevan más tiempo porque se debe triangular las solicitudes entre la secretaría de Seguridad Ciudadana, la Fiscalía General del Estado y la policía cibernética.

“Y luego cuando llegan los informes resulta que ya no encuentran nada porque ya eliminaron el perfil o los perfiles”, subrayó.

Refirió que las autoridades de la Fiscalía General del Estado complican la judicialización de las carpetas porque piden que la denuncia sea interpuesta en lo inmediato.

“Prácticamente nos piden que en el momento que están agrediendo a las víctimas y tengamos la evidencia en video, en audio y con defensor de oficio, entonces nos la ponen muy complicada”, aseveró.

Dávila Alvaro indicó que en promedio les lleva ocho meses judicializar los casos. Y en algunos casos las víctimas desisten de continuar con el proceso porque la justicia es lenta e ineficaz.

KARLA

La activista señaló que uno los casos que llevan y de los que aún no se logra la audiencia inicial, es el de Karla “N”, de quien su ex pareja junto con una mujer difundieron material íntimo a través de redes sociales.

Explicó que una mujer fue quien publicó la imagen, e incluso trató de lucrar con la difusión del material íntimo.

“La nueva pareja es quien desde su perfil personal publica la foto de Karla con sus datos personales como sexo servidora. Y a partir de ahí empieza un acoso hacia Karla, y a partir de ahí le escribieron, porque difundieron sus datos personales”, puntualizó.

Fue hace año y seis meses cuando Karla inició el proceso legal, y hasta el momento no se ha llevado la audiencia inicial, por lo que solicitaron una orden de aprehensión contra la mujer presunta responsable, ya que el hombre sí se presentó ante la fiscalía.

PROPUESTAS

Refirió que han solicitado una reforma a la ley orgánica de la Fiscalía General del Estado para que la policía cibernética sea facultada para investigar la violencia digital, haya más personas y más recursos.

“Por eso estamos hablando con diputadas y diputados porque no se puede hacer mucho si nuestra policía cibernética en Querétaro son dos agentes los que están trabajando, el director y la secretaria”, puntualizó.


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