/ miércoles 12 de junio de 2024

Acusaron de robo a Banco del Bienestar a abuelitos

Según el asesor jurídico, las víctimas fueron esposadas, torturadas y sometidas a tratos crueles y degradantes, por presuntamente robar 2 mdp del Banco Bienestar

Dos adultos mayores han presentado una denuncia contra autoridades municipales de Colón acusándolos de maltrato físico y psicológico, además de una detención injustificada. Según la denuncia, las autoridades los acusaron falsamente de robar dos millones de pesos del Banco del Bienestar.

Rogelio Estrada Pacheco, asesor jurídico de la pareja afectada, declaró que "fueron víctimas de la detención del secretario de Seguridad Pública del municipio de Colón, el director de la Policía Municipal y cuatro elementos aprehensores, que detuvieron a su esposa y al señor injustificadamente, sin orden de aprehensión, sin orden alguna".

Alfonso Reyes y Mariana Quiroz, ambos de la tercera edad, denunciaron que la Defensoría de los Derechos Humanos de Querétaro no ha avanzado en los procedimientos para emitir una recomendación tras el abuso de autoridad ocurrido el 4 de agosto de 2023 en Colón.

Ese día, fueron detenidos junto a su sobrino Alejandro Carrillo, acusados de un supuesto robo en el Banco del Bienestar días antes.

Después de ser trasladados a las fiscalías de Cadereyta y San Juan del Río, donde se les imputaron cargos por cohecho y abuso de autoridad, fueron liberados tras 7 horas al no comprobarse las acusaciones. Estrada Pacheco afirmó que la detención ilegal fue confirmada por el fiscal después de horas de cateo del vehículo de Alfonso Reyes y su esposa.

"Por ello se inicia la queja ante la DDHQ. Los hechos suceden el 4 de agosto del 2023, y hasta este momento no hemos recibido respuesta. Ha habido una negativa del secretario y del presidente municipal de Colón.", agregó Estrada Pacheco.

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Señaló además que se ha turnado el caso a la Fiscalía General de la República debido a la inexistencia de delitos por los cuales fueron acusados. La petición incluye una reparación del daño por las repercusiones psicológicas y una disculpa pública por los malos manejos en los protocolos.

Los afectados solicitan una indemnización de cinco millones de pesos por la reparación integral del daño, cubriendo gastos médicos y psicológicos que han ascendido a más de 250 mil pesos desde el incidente.


Dos adultos mayores han presentado una denuncia contra autoridades municipales de Colón acusándolos de maltrato físico y psicológico, además de una detención injustificada. Según la denuncia, las autoridades los acusaron falsamente de robar dos millones de pesos del Banco del Bienestar.

Rogelio Estrada Pacheco, asesor jurídico de la pareja afectada, declaró que "fueron víctimas de la detención del secretario de Seguridad Pública del municipio de Colón, el director de la Policía Municipal y cuatro elementos aprehensores, que detuvieron a su esposa y al señor injustificadamente, sin orden de aprehensión, sin orden alguna".

Alfonso Reyes y Mariana Quiroz, ambos de la tercera edad, denunciaron que la Defensoría de los Derechos Humanos de Querétaro no ha avanzado en los procedimientos para emitir una recomendación tras el abuso de autoridad ocurrido el 4 de agosto de 2023 en Colón.

Ese día, fueron detenidos junto a su sobrino Alejandro Carrillo, acusados de un supuesto robo en el Banco del Bienestar días antes.

Después de ser trasladados a las fiscalías de Cadereyta y San Juan del Río, donde se les imputaron cargos por cohecho y abuso de autoridad, fueron liberados tras 7 horas al no comprobarse las acusaciones. Estrada Pacheco afirmó que la detención ilegal fue confirmada por el fiscal después de horas de cateo del vehículo de Alfonso Reyes y su esposa.

"Por ello se inicia la queja ante la DDHQ. Los hechos suceden el 4 de agosto del 2023, y hasta este momento no hemos recibido respuesta. Ha habido una negativa del secretario y del presidente municipal de Colón.", agregó Estrada Pacheco.

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Señaló además que se ha turnado el caso a la Fiscalía General de la República debido a la inexistencia de delitos por los cuales fueron acusados. La petición incluye una reparación del daño por las repercusiones psicológicas y una disculpa pública por los malos manejos en los protocolos.

Los afectados solicitan una indemnización de cinco millones de pesos por la reparación integral del daño, cubriendo gastos médicos y psicológicos que han ascendido a más de 250 mil pesos desde el incidente.


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