Ejidatarios de cinco municipios denunciaron el despojo de más de 3 mil hectáreas de seis ejidos en la entidad, en los cuales señalaron abusos e injusticias de parte de autoridades como el Registro Agrario Nacional, el Tribunal Agrario y la Procuraduría Agraria.
La diputada local y presidenta de la comisión de Desarrollo Agropecuario y Rural Sustentable, Laura Patricia Polo Herrera indicó a que a través de esta comisión ha recorrido diversos ejidos en la entidad, en los cuales le han hecho llegar peticiones y denuncias de este tipo.
Armando Rivera Reséndiz, presidente estatal de la Central Urbana Campesina del Centro A.C. informó que han interpuesto denuncias ante la Fiscalía del Estado y acudirán ante instancias como la Secretaría de la Función Pública, pues la mayoría de las regulaciones de estos temas son del orden federal.
Destacó los casos más emblemáticos, principalmente en las comunidades de Peñuelas en Colón, donde despojaron a 20 ejidatarios y San Pedro Mártir en Querétaro con 14 ejidatarios despojados, además de la complicidad de autoridades municipales en permitir los cambios de uso de suelo y la promoción de fraccionamientos.
“Tenemos que ver que haya una limpia en las dependencias porque hay gente trabajando todavía que realiza estas actividades, sigue la gente allá abajo y entre ellos se tapan, se coluden y la gente de la Procuraduría Agraria ya no hacen justicia para lo que creada y ellos andan tras el negocio buscando la forma de llevarse dinero a la bolsa”.
Afirmó que cuentan con información donde el Registro Agrario niega que estos ejidos se hayan vendido, pero los afectados reportaron la realizaron asambleas mediante engaños y manipulaciones.
Al respecto el abogado Nicolás Rico Bañuelos explicó que aún no tienen acceso a las carpetas o los expedientes que se han iniciado, pero reconoció que los ejidatarios han sido despojados de sus tierras de manera engañosa, en el caso de las tierras de uso común donde se dio el despojo se realizaron asambleas fabricadas a modo y a conveniencia con la ausencia y omisión de los derechosos para “mayoritear” la asignación en favor de terceros.
