Más de 400 personas del Fraccionamiento Vista Real de San Juan del Río afirman que son afectados por la presunta reventa de lotes que compraron desde el 2003, y que a más de 10 años la denuncia ante la Fiscalía General del Estado no avanza.
Vecinos refieren que la venta la realizó Isaac Sánchez Borges y Antonio Vázquez Díaz.
CONTEXTO
La diputada por MORENA, Laura Polo Herrera -de quién recibirán apoyo los afectados- informó que el fraude se estima asciende a más de 30 millones de pesos, que desde el 2001 comenzó la promoción, relotificación y venta del fraccionamiento con más de 800 lotes, cada uno de ellos por un costo aproximado de 40 mil pesos entre los años 2003 y 2007.
Estos fueron pagados por los interesados a través de depósitos bancarios a nombre de Asociación Pro Vivienda San Juan Bosco A.C. Se dijo también que, en 2001 Antonio Vázquez Díaz, obtuvo del municipio diversas autorizaciones como cambio de uso de suelo, lotificación, relotificación y venta provisional de lotes, mismo que fue revocado en agosto del 2008.
Para el año 2010 Antonio Vázquez Díaz en su calidad de apoderado de Rogelio e Isaac Sánchez Borges vendió de nuevo la superficie total de 22 hectáreas a diversos particulares y estos nuevos propietarios despojaron a los que ya antes habían adquirido lotes en dicho fraccionamiento.
Por lo anterior en 2009 alrededor de 130 denunciantes iniciaron la averiguación previa DP/19/2009 y en 2015 NUC16-04371-15 por los delitos de fraude y despojo; mismas que fueron archivadas y en febrero de 2019 por determinación judicial se revocó el no ejercicio de la acción penal de la averiguación previa de la primera de ellas y se ordena al fiscal para que siga recabando pruebas y requerimientos de diversa información a la autoridad municipal.
“Los afectados recurren ante esta Legislatura con el propósito de que se conozca su problemática y se les haga justicia, ya que fueron engañados no sólo por el promotor, sino también por las autoridades municipales que en su momento les indicaron que el fraccionamiento no había problemas y que no era asentamiento irregular, ahora viven con incertidumbre porque los predios fueron enajenados a otras personas y temen perder su patrimonio”.
LOS AFECTADOS
La vecina del fraccionamiento María del Carmen Acosta Martínez comentó que actualmente no cuentan con servicios de drenaje, calles, agua, recolección de basura y que fue hasta después de comprar, cuando se dieron cuenta de las irregularidades en el proceso de compra-venta, por lo que 127 inconformes recurrieron en aquel entonces a la Procuraduría General de Justicia (PGJ).
“A 10 años de distancia de la denuncia, no tenemos una respuesta por parte ahora de la Fiscalía General del Estado. Hay que hacer notar que quien nos vendió (Isaac Sánchez) y su cuñado (Antonio Vázquez) se demandaron mutuamente por incumplimiento de contrato en el año 2007; misma que se arregló en 2012, pero en 2010 fue cuando volvieron a revender los lotes y escrituraron en Celaya nuevamente el fraccionamiento”.
Por todo lo anterior los afectados piden a la Fiscalía General que resuelva la carpeta de investigación, ya que, sin una resolución, los propietarios no pueden escriturar y por consiguiente no cuentan con certeza jurídica de su patrimonio.
“Lo último que hemos hecho es una denuncia ante la Defensoría de los Derechos Humanos para exigir que la Fiscalía termine su investigación y turnar al juez, el resultado. Hemos luchado por muchos años, han pasado diversas administraciones priistas y panistas y nadie nos ha resuelto”.
