/ miércoles 4 de agosto de 2021

Denuncias por aborto refleja criminalización

Faltan políticas públicas como educación sexual y condiciones para interponer una queja por violación, señaló Alejandra Martínez Galán

El incremento en las denuncias por el delito de aborto es un reflejo no solo de la criminalización de las mujeres, sino también de la pobreza, consideró Alejandra Martínez Galán, coordinadora de la Asociación Queretana de Educación para las Sexualidades Humanas (Aquesex).

Lo anterior, luego de que en el primer semestre del año se registrara un aumento del 80% en las carpetas de investigación por el delito de aborto en el estado, en comparación con el mismo periodo que 2020, de acuerdo con el secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

En entrevista, Martínez Galán afirmó que la criminalización no debe ser la respuesta a una práctica que es consecuencia de la falta de políticas públicas implementadas por parte del estado, tales como educación sexual o el otorgamiento de suficientes métodos anticonceptivos, e, incluso, las condiciones para realizar una denuncia por violación que permita la interrupción del embarazo.

Asimismo, consideró que para que Querétaro legisle sobre este tema, y se sume a los estados en los que la interrupción es legal, es necesario que exista una composición partidista distinta en el congreso local, puesto que acusó que el Partido Acción Nacional (PAN), mayoría actual y en la próxima Legislatura, no ha sido sensible ni respetuoso de los derechos humanos de las mujeres y, por el contrario, ha legislado con base en sus prejuicios morales.

“Muy desafortunadamente las mujeres que terminan siendo denunciadas son las mujeres pobres, sin redes, con poco acceso a la justicia, a servicios de educación y de salud, entonces, bueno, hay una criminalización no solamente de las mujeres, sino una criminalización de la pobreza. Me parece que son de esos grandes retos que tenemos en el estado de Querétaro y que es muy desafortunado que, frente a composiciones partidistas como las que tenemos en el congreso de Querétaro, sea poco viable poder avanzar en el acceso de las mujeres a la interrupción del embarazo”, indicó.

La activista afirmó que la interrupción legal del embarazo podría darse, incluso, por situaciones humanitarias, como cuando la vida de la mujer corre peligro o la salud de la mujer está en riesgo, circunstancias que no están consideradas en el Código Penal del estado. De igual forma, señaló que desde Aquesex no se pretende ingresar una iniciativa al respecto hasta en tanto no haya cambios en la conformación de la Legislatura.

De acuerdo con datos de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México, de abril de 2007 al 30 de junio de 2021, 655 mujeres de Querétaro han recurrido a servicios médicos de la capital del país para interrumpir de manera legal su embarazo.

Actualmente, los únicos estados del país que permiten la interrupción legal del embarazo hasta las 12 semanas son la Ciudad de México, Oaxaca, Hidalgo y, recientemente, Veracruz.

El incremento en las denuncias por el delito de aborto es un reflejo no solo de la criminalización de las mujeres, sino también de la pobreza, consideró Alejandra Martínez Galán, coordinadora de la Asociación Queretana de Educación para las Sexualidades Humanas (Aquesex).

Lo anterior, luego de que en el primer semestre del año se registrara un aumento del 80% en las carpetas de investigación por el delito de aborto en el estado, en comparación con el mismo periodo que 2020, de acuerdo con el secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

En entrevista, Martínez Galán afirmó que la criminalización no debe ser la respuesta a una práctica que es consecuencia de la falta de políticas públicas implementadas por parte del estado, tales como educación sexual o el otorgamiento de suficientes métodos anticonceptivos, e, incluso, las condiciones para realizar una denuncia por violación que permita la interrupción del embarazo.

Asimismo, consideró que para que Querétaro legisle sobre este tema, y se sume a los estados en los que la interrupción es legal, es necesario que exista una composición partidista distinta en el congreso local, puesto que acusó que el Partido Acción Nacional (PAN), mayoría actual y en la próxima Legislatura, no ha sido sensible ni respetuoso de los derechos humanos de las mujeres y, por el contrario, ha legislado con base en sus prejuicios morales.

“Muy desafortunadamente las mujeres que terminan siendo denunciadas son las mujeres pobres, sin redes, con poco acceso a la justicia, a servicios de educación y de salud, entonces, bueno, hay una criminalización no solamente de las mujeres, sino una criminalización de la pobreza. Me parece que son de esos grandes retos que tenemos en el estado de Querétaro y que es muy desafortunado que, frente a composiciones partidistas como las que tenemos en el congreso de Querétaro, sea poco viable poder avanzar en el acceso de las mujeres a la interrupción del embarazo”, indicó.

La activista afirmó que la interrupción legal del embarazo podría darse, incluso, por situaciones humanitarias, como cuando la vida de la mujer corre peligro o la salud de la mujer está en riesgo, circunstancias que no están consideradas en el Código Penal del estado. De igual forma, señaló que desde Aquesex no se pretende ingresar una iniciativa al respecto hasta en tanto no haya cambios en la conformación de la Legislatura.

De acuerdo con datos de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México, de abril de 2007 al 30 de junio de 2021, 655 mujeres de Querétaro han recurrido a servicios médicos de la capital del país para interrumpir de manera legal su embarazo.

Actualmente, los únicos estados del país que permiten la interrupción legal del embarazo hasta las 12 semanas son la Ciudad de México, Oaxaca, Hidalgo y, recientemente, Veracruz.

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