/ martes 19 de mayo de 2020

Di Bella no sabe si aún cobra en PC empresa señalada

La detención de exfuncionarios municipales por posibles actos de corrupción es un tema que está en manos de la Fiscalía General del Estado

La detención de exfuncionarios municipales por posibles actos de corrupción es un tema que está en manos de la Fiscalía General del Estado, señaló el director de la Coordinación de Protección Civil Municipal, Carlos Rodríguez di Bella.

“Es una cuestión de la cual está encargada la Fiscalía este momento, y no hay mucho que aportar de manera institucional al momento, en tanto el procedimiento continúe”, señaló el director.

Dijo desconocer si la empresa proveedora a la que se pagaron diversos servicios en materia de protección civil, y que no se comprobaron, continúa colaborando con el municipio capitalino.

“Desconozco, Protección Civil no nos encargamos de las áreas referentes a compras o contratación de servicios, se encarga el área de administración de esta parte, nosotros no tenemos injerencia en este tipo de manejo del recurso”, mencionó.

Rodríguez di Bella apuntó que actualmente Protección Civil Municipal no tiene algún contrato vigente relacionado con temas de desfibriladores.

Señaló que las observaciones que derivaron del proceso de entrega recepción fueron puntualmente informadas a las autoridades en materia de fiscalización municipal, quienes tomaron las determinaciones correspondientes.

“Se hicieron las observaciones pertinentes, a las situaciones que nosotros detectamos que pudieran ser irregulares se hicieron las observaciones al Órgano Interno de Control y ellos ya tomaron las determinaciones correspondientes”, dijo.

Puntualizó que a la Coordinación de Protección Civil Municipal no le corresponde emitir declaraciones sobre algunas otras observaciones detectadas durante el proceso de entrega recepción, pues es un tema que le corresponde al Órgano Interno de Control.

El fin de semana, se dictó prisión preventiva al ex secretario de gobierno municipal, Manuel Velázquez Pegueros, y el ex director de Protección Civil Municipal, Fernando Martínez Garza, por un presunto pago injustificado de 8 millones 937 mil 846 pesos.

La detención de exfuncionarios municipales por posibles actos de corrupción es un tema que está en manos de la Fiscalía General del Estado, señaló el director de la Coordinación de Protección Civil Municipal, Carlos Rodríguez di Bella.

“Es una cuestión de la cual está encargada la Fiscalía este momento, y no hay mucho que aportar de manera institucional al momento, en tanto el procedimiento continúe”, señaló el director.

Dijo desconocer si la empresa proveedora a la que se pagaron diversos servicios en materia de protección civil, y que no se comprobaron, continúa colaborando con el municipio capitalino.

“Desconozco, Protección Civil no nos encargamos de las áreas referentes a compras o contratación de servicios, se encarga el área de administración de esta parte, nosotros no tenemos injerencia en este tipo de manejo del recurso”, mencionó.

Rodríguez di Bella apuntó que actualmente Protección Civil Municipal no tiene algún contrato vigente relacionado con temas de desfibriladores.

Señaló que las observaciones que derivaron del proceso de entrega recepción fueron puntualmente informadas a las autoridades en materia de fiscalización municipal, quienes tomaron las determinaciones correspondientes.

“Se hicieron las observaciones pertinentes, a las situaciones que nosotros detectamos que pudieran ser irregulares se hicieron las observaciones al Órgano Interno de Control y ellos ya tomaron las determinaciones correspondientes”, dijo.

Puntualizó que a la Coordinación de Protección Civil Municipal no le corresponde emitir declaraciones sobre algunas otras observaciones detectadas durante el proceso de entrega recepción, pues es un tema que le corresponde al Órgano Interno de Control.

El fin de semana, se dictó prisión preventiva al ex secretario de gobierno municipal, Manuel Velázquez Pegueros, y el ex director de Protección Civil Municipal, Fernando Martínez Garza, por un presunto pago injustificado de 8 millones 937 mil 846 pesos.

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