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Diputados se desligan de jubilación a policía

  • Patricia López Núñez
  • en Local

El cabildo del municipio de San Juan del Río propuso jubilar a José Luis Reyna Vega como personal de apoyo administrativo y no como policía municipal de San Juan del Río, aclaró el presidente de la Comisión del Trabajo y Previsión Social de la legislatura local, diputado Jesús Llamas Contreras, quien se dijo amenazado por el exservidor público.

Hace días Reyna Vega se amparó contra el dictamen de jubilación que aprobó la comisión legislativa en la que no se le reconocen 26 años de trayectoria en el ámbito policial y se le aplica una jubilación al 75 por ciento de su salario, en lugar del cien por ciento que se le aprobaría por ser policía.

De acuerdo con el personal de la comisión legislativa, las constancias que entregó la presidencia municipal de San Juan del Río a la Comisión de la legislatura local corresponden a un trabajador de apoyo administrativo, por lo que se tiene que aplicar la ley de los trabajadores al servicio de los poderes del estado y no la ley del sistema de seguridad ciudadana, que se aplica sólo para los policías y que genera más beneficios porque jubila a los elementos de seguridad con 25 años de servicio.

Aunque José Luis Reyna acusó de manera directa a Jesús Llamas de negarle su derecho y de ir en contra de la decisión del cabildo, el diputado local aseguró que los términos de la jubilación “viene del ayuntamiento” de San Juan del Río.

“No ha entendido el señor, por más que le ha explicado el secretario técnico (de la comisión) que nosotros no hicimos la propuesta, la propuesta viene del ayuntamiento, el ayuntamiento es quien dijo que el señor era apoyo administrativo, ¿yo cómo modifico un oficio que viene de San Juan del Río?, el oficio dice claramente auxiliar administrativo, no dice policía, pero como en todo, cuando las cosas no salen bien se busca con quién nos desquitamos, a quién le echamos la culpa”, añadió.

Jesús Llamas subrayó que el expediente en el que se basó la jubilación salió del ayuntamiento de San Juan del Río y los diputados no pueden modificar “absolutamente nada” del acuerdo que toman los regidores, síndicos y alcalde, por lo que se le aplicó la ley “exactamente como nos indicó el ayuntamiento de San Juan del Río: es un auxiliar administrativo, no decía en ningún lado policía”.

La Ley del Sistema de Seguridad Ciudadana jubila a los policías con 25 años de servicio y el cien por ciento de su salario, pero de acuerdo con el diputado local, los papeles de Reyna Vega sólo demuestran trabajo administrativo así que se le debe aplicar la ley de trabajadores al servicio de los poderes del estado.

Esta ley establece diversos porcentajes de acuerdo con los años de servicio del trabajador, de manera que por 29 años de trabajo se les otorga el 95 por ciento del salario, por 28 años concede el 90 por ciento del salario, por 27 años les otorga el 85 por ciento del salario, por 26 años se entrega el 80 por ciento del salario y por 25 años, entrega el 75 por ciento.

En el caso de Reyna Vega, su último salario era de más de 26 mil pesos, pero al aplicarle la ley de los trabajadores del estado, el monto quedó en 22 mil pesos mensuales, “nada despreciable” de acuerdo al diputado local.

DENUNCIA AMENAZAS

Jesús Llamas denunció también que José Luis Reyna lo mandó amenazar con otra persona de que “iba a ir con todos los medios de comunicación para balconearme, veo que tiene alguna influencia con los medios para hacer esta acción, pero yo no soy el único, es una comisión integrada por tres diputados, si hubiera sido una cuestión personal inmediatamente los otros diputados hubieran dicho que esto no es así”.

“Lo lamento mucho, porque lo conozco a él desde hace 60 años, yo tenía como 7 años de edad cuando lo conocí a él, vivíamos en el mismo barrio, un barrio muy humilde, lo conozco, no tengo nada personal ni a favor ni en contra, pero nos tenemos que apegar a derecho”, reiteró.

Reconoció que existe un amparo en proceso y se dio respuesta al juez que solicitó información a la legislatura local, aunque sería el ayuntamiento el que tendría que modificar el dictamen.

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