El Colegio de Directores de la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ) y la rectora, Teresa García Gasca, convocarán a los diputados federales por Querétaro a una reunión el miércoles 13 de marzo, para tratar las implicaciones de la propuesta de reforma a los artículos 3, 31 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, enviada por el Ejecutivo federal, en la que se introducen temas como la obligatoriedad, la gratuidad y la universalidad de la educación superior.
Al respecto, la rectora de la casa de estudios, Teresa García Gasca, señaló la necesidad de compartir los puntos de vista de la institución respecto al tema.
“Estaremos convocando a los legisladores federales de Querétaro para platicar con ellos, para ver cómo podemos trabajar esos temas; que ellos nos indiquen cuáles son las tendencias; y nosotros también plantear las amenazas que vemos en cuanto a que estos puntos sean aceptados en la reforma educativa, sin que haya un Plan Maestro, una política previa, porque no estamos en condiciones de aplicarlos por el momento”, manifestó
Explicó que la obligatoriedad se refiere a la obligación del Estado para proveer las condiciones necesarias para que los jóvenes estudien una licenciatura, si así lo desean; sin embargo, dijo incluso aunque el nivel básico ya tiene esta condición de obligatorio, por ejemplo, apenas se reporta el 65% de cumplimiento en preescolar.
“Primero hay que resolver esas brechas que tenemos en educación básica y media superior, para después pasar a la superior. En ese sentido, ‘la pelota está en la cancha’ del gobierno federal”, destacó García Gasca.
Dijo que la gratuidad tiene que ver con los recursos propios que las universidades generan por procesos académico- administrativos, como el cobro de reinscripciones, de exámenes de titulación, entre otros; un monto que para la UAQ asciende a 400 millones de pesos.
“Es decir, que, para lograr la gratuidad, el gobierno tendría que subsidiarnos esa cantidad de dinero. Y hasta ahorita, no hay un plan para que esto suceda. Se habla de 20 mil millones de pesos para cumplir con la gratuidad, pero me parece que tendría que ser mucho más que eso”, apuntó.
La Universalidad, por otra parte, expuso tiene que ver con que todo el que desee estudiar una carrera profesional lo pueda hacer sin tener que presentar examen de admisión; pero eso, dijo, trastoca la calidad educativa y actualmente las universidades públicas no cuentan con los escenarios para ello.
“Si cualquiera de estos tres rubros se pusiera en la Constitución y fuera necesario cumplirlas, no podríamos hacerlo en las condiciones en que estamos. Se requiere de un proyecto mayúsculo; es un tema en el que se tiene que trabajar muchísimo”, concluyó.