Los hechos ocurridos el 26 y 27 de septiembre de 2014, en Iguala, Guerrero, sacudieron la conciencia de México y del mundo.
Desde las primeras semanas de la investigación, fueron evidentes y públicas las discrepancias y contradicciones entre la “verdad histórica” expresada por la PGR y los resultados de las investigaciones del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
La falta de evidencia científica de que los 43 normalistas hubieran sido incinerados en el basurero de Cocula, los indicios de tortura en al menos 17 expedientes de inculpados, así como por la posible participación en los hechos -no sólo policías de Iguala y Cocula e integrantes del grupo Guerreros Unidos-, sino también policías estatales, de Huitzuco y elementos de la Policía Federal, quienes presuntamente generaron un cerco de seguridad para que los agresores actuaran, son parte de las inconsistencias señaladas.
En el mismo sentido, en marzo de 2018, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para Derechos Humanos, encontró evidencia de tortura en 34 personas detenidas, algunas de ellas piezas claves en la construcción de la verdad oficial sobre los hechos.
A cuatro años de sucesos, la investigación sigue abierta y los padres de familia de los 43 normalistas de Ayotzinapa y organizaciones de derechos humanos han manifestado su desconfianza y rechazo a las conclusiones vertidas por la PGR.
El gobierno mexicano siempre ha dicho que serán los tribunales mexicanos los que emitirán la calificación final de la indagatoria y, en efecto, ya lo han hecho.
En mayo de 2018, el Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito de Tamaulipas, emitió resolución donde señala que la acusación de la PGR es insostenible, “no fue independiente ni imparcial” y ordena reponer la investigación del caso Ayotzinapa, dada la gravedad de las irregularidades detectadas, así como la creación de una “Comisión de investigación para la Justicia y la Verdad”, integrada por representantes de las víctimas, la CNDH, el Ministerio Público Federal y organismos Internacionales, destacando la relevancia que la participación del GIEI ha tenido en la investigación.
Ésta es una resolución judicial sin precedentes en México, ha generado una enorme polémica y actualmente el caso está en manos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Más allá del caso Ayotzinapa, en nuestro país están reportadas más de 37 mil 435 personas desaparecidas en los últimos cuatro años, según datos del Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas de la SEGOB.
Ante esta dolorosa realidad, es fundamental para nuestro país resolver el caso Ayotzinapa y más aún, todos aquellos que involucran a miles de personas desaparecidas.
La sociedad demanda llegar a la verdad y que se haga justicia.
Sólo conociendo la verdad se pueden diseñar políticas preventivas y de control para evitar que estos lamentables hechos de violencia e impunidad vuelvan a repetirse.
¡Ya no más, ya basta!
¡Exigimos justicia para todas las víctimas!
