La reforma judicial no solo afecta a jueces, magistrados y ministros, si no a los trabajadores en general, con la eliminación de la carrera judicial, enfatizó Pablo Rocha García, secretario del primer tribunal colegiado en materia civil en Querétaro, quien junto a más de 500 personas inició este martes un paro de actividades en protesta a dicha reforma.
Al exterior de la sede ubicada en Centro Sur, Pablo Rocha recordó que el paro será de manera indefinido hasta que sus peticiones sean atendidas o que exista interés de “abrir las puertas” para negociar sus demandas.
“Es falso que solamente afecte a los jueces, los cargos que estamos abajo de los jueces, desde los compañeros oficiales judiciales, tienen muchas personas la esperanza de que con la preparación, los años de ir escalando en la carrera judicial se pueda ascender en cargos; nos afecta directamente a la clase trabajadora y por eso estamos promoviendo este movimiento diferente a los jueces”, expuso.
Insistió en que la exigencia es que se modifique, detenga o negocie la propuesta de reforma, pues reiteró que están en contra de la elección de jueces, magistrados y ministros por voto popular y, por ende, de la eliminación de la carrera judicial.
Recordó que se seguirán atendiendo asuntos urgentes como los relacionados con incomunicación, ataques contra la vida, los supuestos de la ley de amparo y otros que consideren los órganos judiciales, mientras que los asuntos de controversia civil o administrativa no se resolverán de manera indefinida. En este sentido, reconoció que más del 85% de los casos que se atienden en los juzgados son los últimos.
“La idea es que el paro sea activo, se van a llevar diferentes actividades, nos estaremos organizando para eso, se van a hacer comisiones, buscamos diálogo con diferentes actores de la población, de gobierno, del Poder Legislativo y decir que hay gente en los órganos, estamos trabajando, se están resolviendo los asuntos urgentes”, apuntó.
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Expuso que los paros que se llevan a cabo en diversos estados del país no obedecen a la defensa de derechos injustificados o de privilegios, si no a que ven comprometido su interés laboral, prestaciones económicas, y cargos y empleos por los que han luchado durante años.
