CORREGIDORA, Qro.- Embargo de 48 millones de pesos y 86hectáreas de terreno por cambio de uso de suelo en terrenosforestales, son las sanciones contra la empresa inmobiliariaResidencial Balvanera.
Lo anterior, derivado de que un Juez Federal determinógarantizar el pago de la sanción económica judicial demandada porla Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) deconformidad con la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental.
De acuerdo a un comunicado de prensa de la Procuraduría, lainmobiliaria realizó sin autorización un cambio de uso de sueloen terrenos forestales, sin pago al Fondo Forestal Mexicano,ocasionando daños al ambiente en una superficie de 22 mil metroscuadrados de vegetación natural.
Explican que ahí se construyó un edificio de cinco pisos con22 departamentos y dos penthouse de lujo, casa club, alberca,gimnasio y estacionamiento.
En el comunicado emitido por Profepa se señala que “en agostode 2012, la empresa Residencial Balvanera informó a la Semarnatque realizaría actos de remoción de vegetación forestal en unpredio ubicado en el municipio de Corregidora, solicitandoautorizaciones federales en materia de impacto ambiental y decambio de uso de suelo en terrenos forestales”.
No obstante en diciembre de 2013 y tras haber solicitado lasautorizaciones forestales necesarias, la empresa decidió abandonarel trámite, aunque sí realizó la remoción de la vegetación ycomenzó con la construcción, hecho que constató la Profepa alrealizar vistas de inspección al desarrollo.
“Encontrando que las actividades inmobiliarias ya habíaniniciado sin permiso, sin realizar un programa de rescate yreubicación de especies de la vegetación afectada y sin pagarmedidas compensatorias, por lo que se ordenó la suspensión totaltemporal del proyecto. A pesar de estas acciones necesarias paraproteger el medio ambiente, la empresa optó por desacatar dichomandamiento, continuar y concluir la ejecución de las obras en elsitio inspeccionado, iniciando la comercialización dedepartamentos y lotes construidos en el predio”.
Para noviembre de 2016, la Profepa aplicó el Protocolo deResponsabilidad Ambiental, ante el incumplimiento y desacato porparte del residencial, por lo que ejerció una acción judicialinterponiendo una demanda que fue admitida por el Juez Primero deDistrito con residencia en el Estado de Querétaro.
El órgano jurisdiccional ordenó ejecutar diversas medidasprecautorias, entre las que se encuentran el mandato para que laempresa se abstenga de cualquier acto de remoción de vegetación,traslación de dominio, posesión o en su caso, la celebración dealgún contrato que altere la condición que guarda el terrenoafectado.
