La nueva ley de seguridad privada contará con una lista de negra de empresas que incumplan con las obligaciones adquiridas, además de que se contemplará crear un padrón de personas propietarias para evitar cambios de razón social, adelantó Guillermo Vega Guerrero, diputado local.
El legislador insistió en que la ley será presentada en abril y refirió que al tratarse de una nueva ley será abrogado el capítulo noveno de la ley de seguridad para el estado, que es la que contempla a la seguridad privada que presta su servicio en el estado, así como algunas reformas a la ley de seguridad ciudadana.
“En abril vamos a presentar la iniciativa de la ley de seguridad privada lo que buscamos es sacar de la ley de seguridad del Estado lo relativo ya hay un avance importante, pero precisando, ampliando las responsabilidades y los derechos de las empresas de seguridad”, mencionó.
Vega Guerrero indicó que esta ley tendrá mayores controles tecnológicos, técnicos y humanos, dado que, tras los últimos eventos registrados, se ha identificado que el incumplimiento de las empresas es una constante.
Agregó que hasta no aplicar “verdaderas sanciones”, como contar con una lista negra, no se visualizará algún cambio en la materia, como restringir la prestación del servicio en el estado por parte de la empresa.
“Que no sea esto un motivo de una reacción, sino que haya toda una numeralia para ir también perdiendo puntos y no quedar fuera. Va a ser muy importante que no se preste al cambio de razón social, por eso es muy importante tener un catálogo de personas propietarias de las empresas, porque si no lo más sencillo va a ser cambiar el nombre de la empresa, haces otra y vuelves a entrar”, puntualizó.
El diputado refirió que la propuesta legislativa no contempla, por ahora, integrar y regular a las empresas que ofrecen equipos tecnológicos de seguridad privada, sino únicamente la prestación del servicio, aunque señaló que no habría conflicto en considerar ese tema a petición de interesados.
Cuestionado sobre si se contemplarán sanciones a funcionarios que otorguen permisos a empresas irregulares, el diputado mencionó que esa tarea le corresponderá a la contraloría de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), que es la dependencia encargada de otorgar los permisos.