Los deudores de pensión alimenticia quedarían imposibilitados para ser contratistas y prestadores de servicios en las entidades públicas, además de que no podrían recibir descuentos en pagos de predial, multas e impuestos si se aprueba la iniciativa de ley para crear el Registro de Deudores Alimenticios (REDAQ), que ingresó a Oficialía de Partes el diputado local Ricardo Caballero.
El legislador del Partido Encuentro Social (PES) informó que Coahuila y la Ciudad de México cuentan con un registro de este tipo para proteger a las familias, ya que estos mecanismos se vuelven indispensables en un país que tuvo 123 mil 883 divorcios en 2015 y que vive un incremento en los concubinatos.
Para el coordinador de la fracción del PES, el REDAQ será un “mecanismo de presión social para responsabilizar a las personas que por ley tienen obligación de proporcionar alimentos”, con el fin de que atiendan a sus familias.
Estos deudores no podrían recibir descuentos en el predial, ni ser proveedores del gobierno estatal o de los municipios, o cualquier entidad pública porque no se puede “seguir gratificando a los ciudadanos que no cumplen con una de las obligaciones más fundamentales para el desarrollo de los miembros de la sociedad y de interés público, como es el derecho a los alimentos, que la autoridad tiene el deber de proteger”.
Advirtió que “la institución de la familia actualmente se encuentra en un periodo de decaimiento”, toda vez que las uniones legales son menos frecuentes, los divorcios se incrementan y cada vez son más frecuentes los juicios para demandar el pago de alimentos, de acuerdo con cifras oficiales del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).
La iniciativa de Caballero González pretende reformar el Código Civil, el Código Penal, la ley de Tránsito, la ley de Hacienda de los municipios, la ley de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios y la ley de Obra Pública.
