/ miércoles 7 de octubre de 2020

Esperan aprobación de reformas al Código Penal

“Hemos hecho un trabajo exhaustivo. Estamos trabajando con gobierno del estado, con la propia comisión y yo espero que la siguiente semana se apruebe en comisión”, declaró Dorantes

- Hasta 5 años de prisión se aprobaron a quien impidiera

la ejecución de una obra o trabajos públicos

- Se aprobaron las penas a quien cometa actos de violencia familiar,

cuando existan medidas de restricción como el confinamiento


La Comisión de Gobernación, Administración Pública y Asuntos Electorales del Congreso local podría aprobar la siguiente semana las reformas al Código Penal, impulsadas durante la contingencia sanitaria del Covid-19, y que incluían penas de hasta seis años de cárcel a quien violara el confinamiento y estuviera contagiado del virus.

Así lo informó el diputado panista y presidente de la comisión, Agustín Dorantes Lámbarri, quien dijo, se espera que tras la aprobación en este organismo, “inmediatamente” se pase al pleno para que las discutan los legisladores.

“Hemos hecho un trabajo exhaustivo. Estamos trabajando con gobierno del estado, con la propia comisión y yo espero que la siguiente semana se apruebe en comisión”, declaró.

Estas reformas al Código Penal fueron aprobadas por todas las bancadas en el Congreso local a finales de abril, sin embargo, el Poder Ejecutivo emitió un veto a diversos artículos por considerar que las penas propuestas podrían resultar “excesivas”.

Dentro de las iniciativas aprobadas por los legisladores locales está el agravante del delito de discriminación, cuando se cometiera contra personal médico o de seguridad y un incremento en las penas por la violencia doméstica, durante el confinamiento.

Sin embargo, también se modificaron los artículos que comprenden el capítulo de desobediencia y resistencia de particulares.

Algunas de las reformas aprobadas que forman parte de este capítulo son el incremento de hasta cinco años de prisión y seis meses de trabajo a favor de la comunidad, a quien, por medio de amenaza o de violencia se oponga a que la autoridad pública ejerza alguna de sus funciones.

Igualmente, se aprobó un aumento de hasta cinco años de prisión a quien impida la ejecución de una obra o trabajos públicos.

- Hasta 5 años de prisión se aprobaron a quien impidiera

la ejecución de una obra o trabajos públicos

- Se aprobaron las penas a quien cometa actos de violencia familiar,

cuando existan medidas de restricción como el confinamiento


La Comisión de Gobernación, Administración Pública y Asuntos Electorales del Congreso local podría aprobar la siguiente semana las reformas al Código Penal, impulsadas durante la contingencia sanitaria del Covid-19, y que incluían penas de hasta seis años de cárcel a quien violara el confinamiento y estuviera contagiado del virus.

Así lo informó el diputado panista y presidente de la comisión, Agustín Dorantes Lámbarri, quien dijo, se espera que tras la aprobación en este organismo, “inmediatamente” se pase al pleno para que las discutan los legisladores.

“Hemos hecho un trabajo exhaustivo. Estamos trabajando con gobierno del estado, con la propia comisión y yo espero que la siguiente semana se apruebe en comisión”, declaró.

Estas reformas al Código Penal fueron aprobadas por todas las bancadas en el Congreso local a finales de abril, sin embargo, el Poder Ejecutivo emitió un veto a diversos artículos por considerar que las penas propuestas podrían resultar “excesivas”.

Dentro de las iniciativas aprobadas por los legisladores locales está el agravante del delito de discriminación, cuando se cometiera contra personal médico o de seguridad y un incremento en las penas por la violencia doméstica, durante el confinamiento.

Sin embargo, también se modificaron los artículos que comprenden el capítulo de desobediencia y resistencia de particulares.

Algunas de las reformas aprobadas que forman parte de este capítulo son el incremento de hasta cinco años de prisión y seis meses de trabajo a favor de la comunidad, a quien, por medio de amenaza o de violencia se oponga a que la autoridad pública ejerza alguna de sus funciones.

Igualmente, se aprobó un aumento de hasta cinco años de prisión a quien impida la ejecución de una obra o trabajos públicos.

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