En el fondo con la aprobación de la denominada “Ley Garrote”, se pretende eliminar derechos fundamentales como: libertad de tránsito de personas, petición, derecho a la información, reunión, asociación y manifestación, advirtieron organizaciones sociales, obreras, sindicales, campesinas, indígenas y populares.
Encabezados por el representante de la Unidad Cívica Felipe Carrillo Puerto, Pablo González Loyola “los movimientos fraternales” exigieron que cese la política de represión del Gobierno panista, contra los activistas sociales, colectivos y organizaciones que luchan por “los derechos del pueblo”.
“La Ley Garrote es un instrumento de control social, que establece cárcel hasta de siete años y medio a quienes se opongan a obras de su gobierno, agredan al personal de seguridad que, como máscara, invocan a presuntas agresiones a personal de salud”.
En ese sentido se expuso que es una postura oportunista durante la llamada contingencia de salud, pues se ha desatado una oleada de violaciones a los derechos humanos y actos de represión política de los cuerpos policiacos, de quienes participan en resistencias civiles, inconformidades sociales o descontentos populares.
“Los ejemplos sobran, tenemos hostigamiento permanente al tianguis de la zona indígena de Santiago Mexquititlán, donde los reprimen con detenciones, multas y amenazas. Hay detenciones por no traer cubre boca en Jalpan de Serra, la detención de dos maestros que seguramente festejaban su día, en el municipio de Ezequiel Montes y con ello el diputado federal, Jorge Luis Montes Nieves por preguntar sobre su detención”.
Por lo anterior, el movimiento social en Querétaro, denunciaron la aplicación anticipada de la “Ley Garrote” sin estar vigente y consideran deben abrir una jornada de lucha, para detener el proyecto de imponer pánico para facilitar el saqueo y despejo de derechos, así como libertades.
