Organizaciones sociales anunciaron que defenderán la exigencia de modificar el código civil para aceptar el matrimonio igualitario en los 18 municipios y advirtieron que de no dictaminarse a favor se podría denunciar por discriminación a los representantes populares responsables.
Por separado, los activistas SOS Discriminación, Edmundo Ramos y de la Tortillería Queretana, Fernanda López, denunciaron que la iniciativa de reforma se encuentra archivada desde hace años en la legislatura local, sin que exista interés de modificar esa postura para reconocer los derechos de todas las personas y se tomarán diversas medidas para cambiar esa situación.
Advirtieron que los diputados locales, como representantes populares, no atienden resultados como los que mostró la Encuesta Nacional Sobre Discriminación (ENADIS) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) que ubican a Querétaro entre los estados con menos rechazo a que personas del mismo sexo vivan juntas como pareja.
“Las diputadas y los diputados tendrían que representar los intereses de toda la población, independientemente de cuáles son sus intereses personales o cuáles son sus agendas partidistas, a las funcionarias y los funcionarios se les olvida que conforman un equipo de trabajo para atender las demandas de la población, si tomamos como referencia la ENADIS 2017 hay un porcentaje importante de personas que han sentido que se les han negado los derechos”, declaró Fernanda López.
La activista adelantó que se tomarán medidas para exigir a las autoridades y representantes populares estatales a que reconozcan los derechos de la comunidad de la diversidad sexual y le cierren el paso a la discriminación.
Edmundo Ramos subrayó que la sociedad de Querétaro cambió y reconoce los derechos de los grupos hasta ahora discriminados, pero quienes impiden el avance de estos derechos “son los legisladores, que legislan desde posiciones personales y no desde el derecho a la no discriminación”.
“Se necesitan políticas públicas que incluyan educación incluyente. Las organizaciones llegamos a un límite y si sigue habiendo discriminación, si no se respeta la ley, en Querétaro la discriminación es un delito y se acudirá a la demanda penal por discriminación, es una obligación constitucional que un diputado garantice el derecho a la no discriminación de todas las personas y si no se hace se acudirá a las vías penales, se estará analizando el actuar de los diputados”, dijo el activista de SOS Discriminación.
Para acudir a estas denuncias, sólo se espera que los diputados locales dictaminen en el pleno del poder Legislativo, por lo que se exige que se atienda el tema.
DIPUTADOS NO QUISIERON ATENDER EL TEMA
La presidenta de la Comisión de la Familia de la LVIII legislatura local, diputada Leticia Mercado, denunció que no hay voluntad entre los actuales diputados, que prefirieron atender otros temas, antes que la reforma al código civil estatal.
“Por más que se ha tratado de buscar el diálogo hay puertas cerradas, tenemos la puerta cerrada, ni siquiera tocar el tema”, dijo la diputada del Partido Revolucionario Institucional (PRI).
PERSISTE DISCRIMINACION CONTRA DIVERSIDAD SEXUAL
Según la ENADIS, las personas homosexuales y lesbianas se ubican como el segundo grupo que siente que no se respetan sus derechos, lo que significa que vulneran la igualdad de condiciones que debería existir entre todas las personas, al delegar a un grupo como de segunda y tercera categoría sin acceso a todos sus derechos.
“Nos coloca en grave riesgo de vulnerabilidad y se puede traducir hasta en la pérdida de la vida. Significa que desde las escuelas no haya programas para prevenir la discriminación por preferencia sexual, tenemos chicas y chicos que se siguen suicidando”, denunció Fernanda López.
Entre los datos que arrojó la encuesta, se encuentran aquellos que indican que el 32.3% de la población no rentaría un cuarto de su vivienda a una persona por ser homosexual o lesbiana y el 35.4% de quienes respondieron esa pregunta fueron hombres.
Además, el 43% de la población no estaría de acuerdo que su hija o hijo viviera con una persona de su mismo sexo y el 56.6% no aceptaría que su hija o hijo se casara con una persona con VIH-SIDA.
Edmundo Ramos afirmó que el 19.4% de la población abierta de Querétaro reconoció que se le discriminó en algún momento y urgió a tomar medidas inmediatas para impulsar políticas públicas antidiscriminatoria en la entidad.
