De dos a ocho años de prisión, además de multas económicas de hasta 86 mil pesos, se podrían imponer a quien comparta, reproduzca o comercialice imágenes, audios o videos de víctimas de mujeres, menores o adolescentes.
Esto de acuerdo con la iniciativa de #Ley Ingrid, que ingresó el Partido Revolucionario Institucional (PRI) en el Congreso de Querétaro y que busca sancionar la difusión de imágenes, audios, videos o evidencias vinculadas a un procedimiento penal.
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De acuerdo con la propuesta, se aumentaría la pena a una mitad de tratarse de imágenes, videos o audios de cadáveres de mujeres, niñas, niños y adolescentes, además de ser un servidor público, quien cometa este hecho.
"Ninguna persona debe ser utilizada con fines de entretenimiento morbosidad o comercial", externó en tanto, la coordinadora del PRI, Abigail Arredondo Ramos.
