La Fiscalía General de Justicia del estado, la Unidad de Servicios para la Educación Básica en el Estado de Querétaro (USEBEQ), el Centro de Reinserción Social Varonil de San José El Alto y la Secretaría de Seguridad Ciudadana del Estado son las cuatro dependencias con más quejas ante la Defensoría Estatal de Derechos Humanos de Querétaro (DEDDHQ), de acuerdo con el informe que rindió su presidenta, Roxana de Jesús Ávalos Vázquez, ante los diputados locales, quienes advirtieron opacidad en este organismo.
Durante su comparecencia ante la Comisión de Derechos Humanos y Acceso a la Información de la LVIII legislatura local, la presidenta de la Defensoría recibió cuestionamientos por la falta de recomendaciones, ya que presentó dos en el último año, así como señalamientos por una presunta “opacidad” en su actuación, a lo que siguió la denuncia de un ciudadano quien se dijo inconforme con la falta de atención y seguimiento a su caso, por lo que analiza denunciarla ante la Fiscalía Anticorrupción por omisión grave en sus deberes.
Ávalos Vázquez aclaró que la ley la obliga a promover primero la conciliación y por eso las recomendaciones son la última de las medidas a tomarse, además que cuando los ciudadanos acuden a la Defensoría sólo quieren que se resuelva su problema “como sea”.
Así sucedió, dijo, con las dos mil 855 atenciones que se llevaron a cabo en el último año, de las que 407 derivaron en quejas en contra de 53 dependencias federales, estatales y municipales. En la lista de las dependencias federales señaladas destaca el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) con cuatro quejas, seguido por la Procuraduría General de la Republica (PGR) con dos quejas, al igual que el Consejo Nacional de Fomento Educativo, la Federación Mexicana de Esgrima y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado (ISSSTE), cada uno con solo una queja.
En el caso de las dependencias estatales, la Fiscalía General ocupa el primer lugar con 104 quejas, la USEBEQ está en segunda posición con 52, el Centro de Reinserción Social Varonil de San José el Alto se encuentra en tercer lugar con 32 quejas, la Secretaría de Seguridad Ciudadana se ubica en cuarto lugar con 22 y el Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) en el quinto con 13 quejas.
También aparece la Comisión Estatal de Aguas con diez quejas, la Secretaría de Educación del Estado con nueve, el Centro de Reinserción Social Varonil de San Juan del Río con siete, el gobierno del estado con siete y la Secretaría del Trabajo con cuatro, igual que el Hospital de Especialidades del Niño y la Mujer y la Universidad Autónoma de Querétaro, cada una con cuatro quejas.
QUERÉTARO Y SAN JUAN DEL RÍO, LOS MUNICIPIOS CON MÁS QUEJAS
En el caso de los municipios, el primer lugar de quejas lo tiene la presidencia municipal de Querétaro con 75, de las que 16 fueron contra el gobierno municipal y 59 contra la Secretaría de Seguridad Pública Municipal.
El segundo lugar lo tiene San Juan del Río con dos quejas contra el gobierno y 18 contra la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, para un total de 20 quejas. En este listado aparece también Corregidora con diez quejas, tres contra el gobierno municipal y siete contra la Secretaría de Seguridad Pública Municipal y El Marqués, con nueve quejas, tres contra el gobierno y seis contra la Secretaría de Seguridad Pública Municipal.
Roxana de Jesús Ávalos Vázquez abundó que la Defensoría atendió a 58 ciudadanos que lo solicitaron y se realizaron 16 eventos institucionales, al igual que 20 reuniones de trabajo con los organismos institucionales autónomos y 21 reuniones con asociaciones civiles. Hubo 373 asesorías por medios electrónicos, mil 897 asesorías presenciales y 178 gestiones.
Agregó que durante 2017 hubo 44 hechos violatorios de derechos humanos, mientras que en las 407 quejas no se presentó una sola violación, pero sí 790 conductas violatorias de derechos humanos, entre ellas, 162 por prestación indebida del servicio público, 49 por uso arbitrario de la fuerza pública, 44 por violencia desproporcionada en la detención, 40 por acciones u omisiones contrarias a los derechos humanos de las personas privadas de su libertad y 37 detenciones arbitrarias, así como 24 casos de intimidación y 22 actos de prestación inadecuada del servicio a la educación, entre otros.
A pesar de esas cifras, la Defensoría emitió dos recomendaciones, 15 acuerdos de responsabilidad, 14 conciliaciones, 20 desistimientos, 49 casos de “falta de interés”, 90 casos de no violación y 53 resoluciones durante el trámite.
CUESTIONAN OPACIDAD EN LA DEFENSORÍA
Durante la comparecencia, la diputada Isabel Aguilar, presidenta de la Comisión legislativa, cuestionó el trabajo de Roxana de Jesús Ávalos, a quien calificó como “una extraordinaria académica”, pero lamentó que no se pueda encontrar “un equilibrio entre una persona que judicializaba todo a otra en la que estamos en la opacidad”.
“En el tema de la capacitación lo ha hecho usted muy bien, pero la obligación específica es emitir recomendaciones, con hacer gestiones no es suficiente, necesitamos trabajar y emitir recomendaciones, había un tema en los anexos, ha habido varios temas, varias faltas de respeto, temas de violación de derecho y recomendaciones sólo tiene dos y no encuentro ese equilibrio”, dijo la diputada, quien insistió en la opacidad del trabajo de la Defensoría.
Ávalos Vázquez afirmó no puede actuar fuera de la ley y la ley la obliga a conciliar, sobre todo porque “las personas buscan que se resuelva su problema, no importa cómo, si la persona resuelve el asunto acercándose con la autoridad ya cumplimos”.
Al término de la sesión, Benjamín Castro Olvera anunció que vecinos de la calle Ezequiel Montes analizan denunciar a la presidenta de la Defensoría ante la Fiscalía Anticorrupción por omisión grave en sus deberes, tras la falta de atención a las quejas por detenciones indebidas, detenciones arbitrarias en las protestas por las obras en el centro y amenazas por parte de diversos servidores públicos.
La presidenta de la Defensoría aclaró que la detención de elementos municipales a varias personas que protestaban sí fue ilegal, pero hubo un acuerdo de responsabilidad en la que la autoridad municipal de Querétaro reconoció que actuó en contra de la ley y asumió una serie de medidas para remediar la situación.
“El acuerdo de responsabilidad está en seguimiento en el órgano interno de control, que no nos digan nada mas que lo hicieron, sino que hay que hacerlo”, dijo Roxana de Jesús Ávalos, quien defendió la falta de recomendaciones porque sólo son para casos graves, como la tortura o lo que cause la muerte y prive de la libertad.
