Los poderes Legislativo y Ejecutivo presentaron la iniciativa “Código Ambiental” con el que se busca fortalecer el marco regulatorio en materia de ordenamiento ecológico, evaluación de impacto ambiental, protección del medio ambiente, conservación del equilibrio ecológico, política hídrica, control ambiental, emergencias y contingencias ambientales.
En la participación del coautor de la iniciativa, Agustín Dorantes Lámbarri, compartió que el Código Ambiental es un documento de legislación ambiental que cubre todos los temas, incluso contempla incentivar a empresas, productores y organizaciones empresariales a que sean ambientalmente responsables.
“La Sedesu y la Procuraduría Ambiental podrán entregar un certificado y sello con el fin de que se les identifique como Ambientalmente Responsables, de tal manera que el objetivo es coadyuvar a que las obras y actividades se ejecuten de forma responsable, a través de un sistema de evaluación, acompañamiento desde el inicio hasta el final de la obra”.
El mismo indicó que en el Código Ambiental se reconoce el acceso al agua potable como derecho humano, que implica para el estado, el deber de proporcionar el vital líquido, sin distinción alguna, esto para visibilizar la importancia que los ciudadanos tengan al alcance dicho beneficio.
Durante la presentación de la iniciativa, el presidente de la Comisión de Medio Ambiente y coautor de la iniciativa, Jorge Herrera Martínez explicó que la iniciativa es la compilación de todas las leyes ambientales, con el propósito de que sea más fácil su comprensión de ciudadanos, empresarios, funcionarios y se cumplan estas normas en beneficio del estado.
“Queremos que en un solo ordenamiento se les permita tanto a los ciudadanos como las autoridades, cuál es el camino que tenemos que seguir, para cualquier cosa que queramos desarrollar en el estado y facilitar a la gente el cumplimiento de las normas en beneficio del estado”, expresó Herrera Martínez.
Mientras que en la intervención del titular de la SEDESU compartió que, derivado de las reuniones para la consulta pública del plan estatal de desarrollo, se detectó que la mayoría de los expertos y especialistas en el tema ambiental, coincidieron en la necesidad de fortalecer el marco regulatorio en esa materia.
“Trabajamos en la creación de instrumentos regulatorios que transparenta el actuar de los funcionarios. En el documento presentado se fortaleció la sección de los prestadores de servicios ambientales, riesgo ambiental para definir actividades riesgosas, emisiones y transferencia de contaminantes, entre otros puntos más”.
En cuanto al cumplimiento de las obligaciones que impone el Código Ambiental y las disposiciones, se faculta a la Procuraduría Ambiental y municipios para que impongan sanciones que podrán consistir en amonestaciones, multa, clausura, suspensión o revocación de concesiones, permisos, licencias o autorizaciones, incluso contempla arresto administrativo.
Al respecto el titular de la Procuraduría Estatal de Protección al Medio Ambiente y Desarrollo Urbano (PEPMADU), José Luis Peña Ríos detalló que en caso de acreditar violaciones al Código se podrá sancionar con amonestación, que consiste en un llamado de atención, multas que van desde los 12 mil pesos hasta los tres millones 379 mil pesos, así como arresto administrativo hasta por 36 horas.
