La investigación complementaria para el funcionario de laadministración estatal que aprehendió este lunes personal de laFiscalía Especializada en Combate a la Corrupción durará dosmeses y el imputado por el delito de cohecho no tendrá derecho asalir mientras se lleva a cabo su proceso por considerarse quepodría alterar las pruebas para las indagaciones, informó eltitular, Benjamín Vargas Salazar.
El imputado que estaba en funciones desde el 2015 y que ingresódespués del medio día de este lunes al Cereso de San José elAlto estaría sujeto a una sanción de tres a 10 años de prisión,señaló; recordó que no es necesario que haya entregado eldinero, sino que el hecho de haberlo solicitado para la creaciónde un sindicato es suficiente para vincularlo a proceso.
"Creo que para la sociedad es muy grave que un funcionario nohaga su función; esta persona tiene injerencia en la toma dedecisiones importante y su libertad le permitiría destruirdocumentos necesarios para la investigación y por eso sedeterminó llevar su proceso en prisión".
Benjamín Vargas descartó que las víctimas de este delitoestén relacionadas con alguna institución educativa.
