La senadora Guadalupe Murguía propuso evaluar la eficacia de la prisión preventiva oficiosa y establecer un plazo de cinco años para determinar la procedencia y continuidad de esta medida cautelar, sobre todo porque el 98 % de los crímenes que se cometen en el país quedan en la impunidad y solo el 6.8 por ciento de los delitos se denuncian porque una gran parte de la población piensa que es inútil hacerlo y lo consideran una pérdida de tiempo.
Coincidió en que el respeto a los derechos humanos “es fundamental en un estado de derecho y en un gobierno democrático; sin embargo, no podemos desconocer la grave situación de inseguridad que actualmente vivimos en nuestro país, donde los índices de delincuencia se han venido incrementando año con año”.
Por eso, expresó que la aplicación de la prisión preventiva oficiosa debe tener un carácter transitorio, sujeta a la evaluación de un plazo de cinco años, con el propósito de medir su eficacia para determinar su procedencia y continuidad.
Murguía Gutiérrez se pronunció a favor de ampliar el catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa, a fin de enfrentar la grave situación de inseguridad que prevalece en el país, pero pidió que esta medida cautelar sea transitoria, sujeta a evaluación en un plazo de cinco años para medir su eficacia.
Admitió que la prisión preventiva como medida cautelar es un tema controvertido y polémico en materia de derechos humanos, pero advirtió la necesidad de actuar de forma eficaz e inmediata para reducir la incidencia delictiva que padece la población.
“En la reforma al Artículo 19 de la Constitución se prevé que los delitos de abuso o violencia sexual contra menores, uso de programas sociales con fines electorales, robo de transporte en cualquiera de sus modalidades, desaparición forzada de personas y desaparición cometida por particulares, sean incorporados a este ordenamiento”, afirmó.
En el dictamen a discusión del pleno senatorial también se agregaron los delitos de corrupción por enriquecimiento ilícito y uso abusivo de funciones, robo de hidrocarburos, petrolíferos o petroquímicos, y uso de armas de fuego y explosivos exclusivas del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea.
