El Instituto Electoral del estado de Querétaro (IEEQ) está analizando presentar una controversia constitucional en contra del denominado plan B electoral, confirmó Grisel Muñiz Rodríguez, consejera presidenta del IEEQ, quien mencionó que no se prevén despidos en el órgano electoral.
Comentó que cuentan con 30 días hábiles para presentar dicha controversia ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), a partir de su publicación, con el objetivo de que la Corte señale si se viola o vulnera algún precepto constitucional.
“Por parte del área jurídica del instituto se llevó a cabo un análisis por esta parte técnica y derivado de este análisis se han detectado algunas implicaciones que pudieran tener posibles afectaciones al orden constitucional; estamos valorando acudir a la Suprema Corte de Justicia de la Nación”, apuntó.
Muñiz Rodríguez aclaró que no se niegan a implementar el denominado plan B electoral en el estado; incluso, comentó que este mes se presentará la propuesta de reforma a la ley electoral de Querétaro, luego de que sea aprobada por el consejo general del IEEQ.
Apuntó que la reforma electoral nacional tiene implicaciones en cuanto a la estructura del instituto, a facultades sancionadoras y reglamentarias, la fecha del arranque del proceso electoral local, entre otras situaciones.
Agregó que hay organismos públicos electorales locales que cuentan con órganos descentralizados, como el caso de la Ciudad de México y Guanajuato, donde sí se contempla un recorte de personal, por lo que subrayó que en el IEEQ no habrá despidos. Sin embargo, sí se contempla una disminución en el número de consejerías municipales y distritales.
“Al instituto no le aplican despidos ni mucho menos un recorte como en otras entidades federativas porque no contamos con personal permanente en órganos municipales o desconcentrados. Aquí sí aplica el tema de la disminución de las consejerías en lo municipal y en lo distrital”, mencionó.
Muñiz Rodríguez refirió que, en concordancia con la reforma nacional, a nivel local se contempla una estructura máxima dividida en dos áreas, una de organización, capacitación electoral y educación cívica, y la segunda de administración, prerrogativas y asuntos jurídicos.
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“Es una controversia constitucional, justamente lo que busca es que la Suprema Corte se pronuncie si alguna ley contraviene a la Constitución, nosotros queremos tener certeza y claridad de que nada de lo que vayamos a aplicar vaya en contra de la Constitución”, reiteró.
