Que el tema de la desaparición se coloque como una prioridad en la agenda legislativa, así como sumar a todas las fuerzas políticas y a los familiares de los desaparecidos, fueron las conclusiones del foro “Análisis de la Ley General en Materia de Desaparición de Personas” que se llevó a cabo con el grupo parlamentario de Morena entrante y saliente, quienes se comprometieron a abordar una legislación a nivel local que enfrente este tipo de hechos.
En reunión que convocó la coordinadora de la fracción legislativa de Morena, Herlinda Vázquez Munguía, y que contó con la participación de representantes de la Cruz Roja Internacional, la ONU y organizaciones de la sociedad civil, se planteó la necesidad de impulsar la adopción de un marco legislativo que atienda los contenidos de la recientemente adoptada Ley General en Materia de Desaparición de Personas, en el afán de que la siguiente legislatura pueda discutirlo en los primeros meses de su gestión.
“Esta mesa de inicio es para crear un compromiso con diputados de Morena, pero todos los diputados del PRI, PAN, Verde, independiente y Encuentro Social van a ser nuestros representantes y no pueden evadir su responsabilidad en estos temas”, afirmó Vázquez Munguía.
Durante el diálogo, los representantes de las organizaciones sociales coincidieron en la necesidad de recoger el contexto queretano e integrar a las familias de los desaparecidos en la construcción de la ley, lo cual permitirá fortalecer la legislación y conformar el comité de búsqueda que por decreto debe crearse en cada entidad.
A este respecto, la representante de T'ek'ei "Grupo interdisciplinario por la equidad", Ana María Ordaz, propuso la revisión y actualización de los mecanismos y protocolos de búsqueda, así como la conformación de un comité de implementación, el cual deberá estar conformado por una tercera parte de familiares de las personas desaparecidas; y definir si la decisión final de la activación de la Alerta Amber recaerá solo en el Fiscal Antisecuestros, como está establecido actualmente.
“Tendría que haber una reconformación del comité y tomar la decisión si el fiscal antisecuestros debe continuar al frente de estos casos y si es así, tendrá que capacitarse también en la ley de desaparecidos para que se amplíe su conocimiento que tiene sobre secuestros hacia desapariciones forzadas o en manos de particulares”, destacó Ordaz.
En su intervención, el representante de la oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Alán García Campos, consideró que dentro de la metodología de una legislación estatal, se deberá incluir la participación constante de familiares de los desparecidos, organizaciones de la sociedad civil, organismos internacionales que puedan abonar a la ley, la cual se nutrirá a partir de los testimonios que las víctimas pongan enfrente para “tropicalizar” el marco normativo.
Expuso que la Ley general establece los parámetros necesarios a considerar, sin embargo, cada estado deberá de adecuarlo a su contexto y realidades, es por ello que se tendrá que hacer un diagnóstico local para reflejar un producto que integre las necesidades.
“Me da gusto escuchar voces de personas comprometidas que han colocado la agenda de las mujeres, la agenda migratoria en este enfoque he de captarse y una perspectiva diferenciada que recupere y en esta medida puede salir un buen producto”, agregó.
En su intervención, Juan López Villanueva, integrante del programa de Atención a Víctimas del Delito de la CNDH, destacó que de acuerdo con el informe publicado en abril de 2017 de acuerdo al estado que guarda la nación en desapariciones, Querétaro registró 436 casos de desaparecidos, de los cuales 172 son mujeres y 264 hombres.
En este sentido, dijo que la procuraduría local reportó que desde 1995 había 411 personas desaparecidas, de las cuales 303 ocurrieron en Querétaro, algo que resulta importante para las labores de búsqueda y de análisis, ya que permite a los diputados conocer el contexto para implementar la ley e implementar una legislación que también transversalice la administración pública.
“Tenemos que implementar desde una mínima información de texto y contexto, de qué es lo que está pasando en Querétaro; si las diputadas y los diputados tienen la información fresca, no solo en números, sino el termómetro social que se da en estos foros, la implementación de la ley va a facilitarse más aún, aprecio que hace falta voluntad política y estos espacios son importantes para ello”, reconoció López Villanueva.
