Alrededor del 85% de los expedientes que revisa la Sala Familiar del Tribunal Superior de Justicia son relacionados con pensiones alimenticias y en su mayoría son hombres, pero también hay mujeres denunciadas, informó la magistrada presidenta de la Sala, Marisela Sandoval López.
Precisó que pueden ser juicios sólo de pensión alimenticia o también en conjunto con fijación de garantía, planillas de alimentación que ya se habían fijado en otro juicio y no se cumplieron, o los proceso de divorcio.
Detalló que en 2022 en la Sala Familiar recibieron en total 2 mil 500 expedientes en esta materia por apelación, y en lo que va del año llevan 900 expedientes.
Sobre la exigencia de la aprobación de la llamada “Ley Sabina”, explicó que debe analizar si las sanciones que se proponen influyen o generan conciencia para que los deudores alimentarios cumplan.
“Porque se puede ampliar todo el catálogo de sanciones, pero creo que verdaderamente lo que se tendría que buscar es que en las parejas, antes de que se conformen las familias o incluso antes de que se conformen estos deudores alimentarios, realmente se tenga conciencia social”, subrayó.
Refirió que la primera obligación de una madre o un padre es cumplir con el pago de la pensión alimentaria para los hijos e hijas.
“La primera obligación con la que se debe de cumplir es con esto y posteriormente pensar en algunas otras”, aseveró.
Subrayó que los niños y niñas tienen necesidad de vestimenta diaria, alimentaria, de educación, salud y vivienda diaria.
“Eso es de conciencia; tal vez es necesario ampliar ese catálogo de sanciones, pero lo primordial es que cada persona que es deudor alimentario, que sabe que tiene a su cargo una obligación alimentaria, lo primero es cumplirla porque no podemos decirle hoy a nuestros hijos: hoy no comes, hoy no vas a la escuela”, puntualizó.
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La magistrada indicó que actualmente hay recursos legales para que los deudores alimentarios paguen sus obligaciones, ya sea mediante embargos de bienes.
