La principal prioridad es modificar el artículo 3 de la Constitución para que no se privatice el líquido
Laura Patricia Polo Herrera
Diputada local por Morena
El grupo legislativo de Morena presentó una iniciativa de ley para reformar el artículo 3 de la Constitución Política del Estado de Querétaro, con el fin de garantizar el derecho humano al agua con medidas para evitar los cobros excesivos, promover precios justos e impedir las concesiones de este servicio.
La diputada local Laura Patricia Polo Herrera puntualizó que esto evitaría la visión de que las concesiones son un negocio y eliminaría cualquier riesgo de privatizar el agua, porque este es un elemento de desigualdad en el desarrollo social que afecta principalmente a los grupos más desfavorecidos.
Acompañada de los diputados que integran el grupo legislativo de Morena, Polo Herrera explicó que la reforma abriría la posibilidad de “manejar el agua como bien social, cultural y no como un bien económico”, así como fijar los principios adecuados para manejar el agua con precios “justos y razonables para todos los tipos de usuarios”.
De manera adicional, se obligaría a las autoridades a “retener la propiedad y el control público de las fuentes de agua”, en favor del respeto al derecho humano a contar con este líquido, por su estrecha relación con la salud física y mental, la alimentación, la calidad de vida y la dignidad humana, para lo que se hace necesario blindar al estado ante las concesiones.
“La principal prioridad es modificar el artículo 3 de la Constitución, para que no se privatice el líquido. Esto es el primer paso, vamos a ver qué sucede y cómo podemos ayudar a la gente, ese es el objetivo”, insistió la diputada.
Explicó que de acuerdo con la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el gobierno debe garantizar que el derecho al agua sea seguro, aceptable, accesible y asequible, para el uso personal y doméstico, porque se trata de un beneficio colectivo que debe basarse en la solidaridad, la cooperación mutua, la equidad y las condiciones dignas.
Además, dijo, se eliminaría el riesgo de privatización y entrega de agua a la iniciativa privada, que supone “un riesgo para la seguridad nacional”, porque de acuerdo con las observaciones de la Auditoría Superior de la Federación en el 2015 se encontraron deficiencias e irregularidades en el manejo presupuestal de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) por ocho mil 301 millones de pesos por contratos con empresas, así como pagos indebidos e improcedentes.
