Los centros de rehabilitación del estado tienen al menos ochoaños en lucha por obtener una legislación que los regule, sin queobtengan una respuesta positiva por parte de las autoridades. Lostrabajos para conseguir un marco normativo iniciaron en la LVILegislatura Local, continuaron con la LVII y se sostienen pláticascon los diputados actuales para conformar un documento que rija aestos espacios.
A nombre de diferentes anexos, Joel Bautista Botello del ConsejoQueretano para las Adicciones y Luz de Vida, José Carlos MayaJiménez, director general de Fuente de Vida Querétaro y consejeroen la Junta de Asistencia Privada, Roberto Eric Sánchez Olvera deGuerreros de San Miguel y Juan Manuel Moreno Prado de lainstitución CJ, tienen documentos firmados por diversasautoridades, en las que proponen y solicitan una iniciativa de leyante varias dependencias.
Aseguran que en la actual administración abrieron al menos 20anexos más, sin que en todos los casos se cumplan con condicionesmínimas para operar, porque a la falta de una legislación se sumauna carencia de revisión por parte del Consejo Estatal contra lasAdicciones (CECA) y afecta la imagen de los que sí cumplen con sumisión, tienen capacitación y dan buenos resultados.
Luego de reunirse desde el año pasado con diputados locales yautoridades estatales, coincidieron en que urge una legislaciónpara empezar a supervisar y cerrar a los que no cumplan, peroconsideraron que los conflictos partidistas y la falta de voluntadpolítica impiden avanzar en el marco legal.
El 19 de marzo de 2015, 46 centros de rehabilitación leentregaron al gobierno del estado una solicitud de contar con unalegislación para estos centros, además de un proyecto integral,sin que se recibiera respuesta alguna por parte de laautoridad.
La puesta en marcha del proyecto implicaba alrededor de 700 milpesos y se consideraba que era posible financiarlo de diversasformas, pero el gobierno optó por desaparecer el Fideicomiso 1350,que recaudaba alrededor de 40 millones de pesos a partir de unimpuesto en las licencias de alcohol y que se creó hace más de 21años para ayudar en la problemática social de adicciones.
De esos recursos sólo se entregaban alrededor de dos millonesde pesos a los anexos y lo demás se utilizaba “como cajachica”, por lo que no se aplicaba en los proyectospropuestos.
Al inicio de la administración estatal, se publicó en LaSombra de Arteaga la desaparición del Fideicomiso de Inversiónpara Apoyar la Atención y Rehabilitación del Alcoholismo y laDrogadicción en el estado, o Fideicomiso 1350, porque seconsideró que la atención se realizaba a través de accionesinterinstitucionales del estado.
Esto significaba, afirmaron los representantes de los anexos,que el estado tenía capacidad suficiente para atender a laspersonas con adicciones en la entidad, aunque se estima que por lomenos diez centros atienden a cerca de 300 personas de maneradirecta.
Bautista Botello y Carlos Maya manifestaron la disposición adejarse regular, porque hay anexos que no cuentan coninfraestructura adecuada y los llamados padrinos no tienencapacitación suficiente, aunque el CECA, responsable de capacitara los demás, se ve rezagado ante las necesidades de laentidad.
“No hay algo que verdaderamente fomente la capacitación.Tenemos un proyecto de propuesta de marco legal de centros detratamiento. Hay propuesta de capacitación, dimos el proyecto, loscostos del proyecto de 700 mil pesos para atender a 70 centros conun diplomado en el 2015, no nos pueden decir que nosotros comosociedad organizada no hemos hecho una propuesta”, declaró JoelBautista.
Carlos Maya recordó que Querétaro ocupa los primeros lugaresen consumo de alcohol y solventes, por lo que es indispensable darun marco legal a los centros de rehabilitación. Joel Bautistaañadió que la media nacional de consumo de alcohol y marihuana esdel 38.2 por ciento en menores de 18 años en el sistema educativo,pero Querétaro tiene el 48.9 por ciento, lo que muestra lagravedad del problema local.
Acusaron también que existen amenazas por parte del CECA aunqueno existe un proyecto estatal de cómo prevenir y atender lasadicciones, por lo que los centros de rehabilitación son losespacios más adecuados para atender la problemática estatal.
“Ocupamos urgentemente un marco legal, no es posible quenosotros estemos realizando un trabajo que le toca a gobierno, debuena voluntad y tengamos que estar trabajando al filo de lanavaja”, lamentó Carlos Maya, quien afirmó que muchas veces losconvenios con la autoridad son verbales para pedirles apoyo y esolos deja en una situación legal vulnerable.
