/ miércoles 19 de septiembre de 2018

No a un fiscal Carnal

Necesitamos un sistema de procuración de justicia que sirva y en el que podamos confiar, es allí la importancia de crear una Fiscalía General de la República que investigue los delitos, sancione a quienes lo cometen, termine con la impunidad rampante y la simulación.

El enojo social y la frustración que prevalece en la población por la falta de justicia en casos como la Casa Blanca de Enrique Peña Nieto, la desaparición de los 43 jóvenes estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa, la asignación discrecional de contratos a OHL, los presuntos sobornos de Odebrecht y la desviación de cuantiosos recursos públicos en la Estafa Maestra, son apenas botones de muestra de la impunidad en México.

A lo anterior se suman otros que también deben ser investigados para sancionar a los responsables, como la represión policiaca en Nochixtlán, Oaxaca, cuyo saldo fue de ocho personas muertas y el socavón del paso exprés de Cuernavaca, que causó el deceso de dos ciudadanos.

Los altos índices de inseguridad y corrupción que predominan en México deben ser atendidos con prontitud y eficacia por las instituciones encargadas de la procuración de justicia, pero a nivel federal no contamos con un adecuado diseño para enfrentar este reto de dimensiones mayúsculas en diversas regiones del país.

De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), los delitos cometidos en el ámbito federal y local alcanzan la escandalosa cifra de 96 por ciento de impunidad, lo que provoca un crecimiento desatado de la delincuencia, además de que los casos más emblemáticos de corrupción en este sexenio hasta ahora han quedado sin castigo.

Con este objetivo, las senadoras y senadores del Partido Acción Nacional presentamos esta semana una iniciativa que reforma diversas disposiciones de la Constitución para crear una Fiscalía General de la República que termine con la impunidad en este país.

En esta tarea hemos contado con el apoyo abierto y decidido de la sociedad civil organizada en los colectivos #FiscalíaQueSirva y #VamosPorMás, cuya aportación ha sido valiosa para proponer un diseño institucional que cuente con límites y contrapesos, con lo cual se pretende evitar la tentación del Presidente de la República en turno de convertirla en un instrumento para perseguir a sus adversarios políticos, como ha sucedido en el pasado reciente.

Dentro de los ejes estratégicos de nuestra iniciativa, se encuentra el de facultar al Senado para nombrar y remover al Fiscal General y a los titulares de las fiscalías especializadas en materia de delitos electorales, de combate a la corrupción y de derechos humanos, esta última propuesta de nueva creación.

Crear la figura del Inspector General, como un órgano interno de control, con la facultad de perseguir los delitos que comentan los servidores públicos de la institución; así como un Consejo Consultivo integrado por cinco ciudadanos con facultades de opinión, recomendación y evaluación del desempeño, mismos que se propone sean designados y, en su caso, removidos por el Senado.

Importante destacar que a fin de garantizar la autonomía del Fiscal General de la nación frente a intereses políticos, se incorpora en el artículo 102 de la Constitución como requisito adicional para su nombramiento: no haber desempeñado cargo de dirección o representación de algún partido político en los seis años anteriores a su designación. Asimismo que el tiempo de permanencia en el cargo sea de seis años improrrogables, mientras que los fiscales especializados permanecerán cinco.

Las senadoras y senadores del PAN compartimos la preocupación de la sociedad ante los elevados índices de inseguridad, corrupción e impunidad que prevalecen en México y, por ello, nos oponemos a crear una fiscalía autónoma e independiente sobre la estructura colapsada de la Procuraduría General de la República.

Necesitamos un sistema de procuración de justicia que sirva y en el que podamos confiar, es allí la importancia de crear una Fiscalía General de la República que investigue los delitos, sancione a quienes lo cometen, termine con la impunidad rampante y la simulación.

El enojo social y la frustración que prevalece en la población por la falta de justicia en casos como la Casa Blanca de Enrique Peña Nieto, la desaparición de los 43 jóvenes estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa, la asignación discrecional de contratos a OHL, los presuntos sobornos de Odebrecht y la desviación de cuantiosos recursos públicos en la Estafa Maestra, son apenas botones de muestra de la impunidad en México.

A lo anterior se suman otros que también deben ser investigados para sancionar a los responsables, como la represión policiaca en Nochixtlán, Oaxaca, cuyo saldo fue de ocho personas muertas y el socavón del paso exprés de Cuernavaca, que causó el deceso de dos ciudadanos.

Los altos índices de inseguridad y corrupción que predominan en México deben ser atendidos con prontitud y eficacia por las instituciones encargadas de la procuración de justicia, pero a nivel federal no contamos con un adecuado diseño para enfrentar este reto de dimensiones mayúsculas en diversas regiones del país.

De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), los delitos cometidos en el ámbito federal y local alcanzan la escandalosa cifra de 96 por ciento de impunidad, lo que provoca un crecimiento desatado de la delincuencia, además de que los casos más emblemáticos de corrupción en este sexenio hasta ahora han quedado sin castigo.

Con este objetivo, las senadoras y senadores del Partido Acción Nacional presentamos esta semana una iniciativa que reforma diversas disposiciones de la Constitución para crear una Fiscalía General de la República que termine con la impunidad en este país.

En esta tarea hemos contado con el apoyo abierto y decidido de la sociedad civil organizada en los colectivos #FiscalíaQueSirva y #VamosPorMás, cuya aportación ha sido valiosa para proponer un diseño institucional que cuente con límites y contrapesos, con lo cual se pretende evitar la tentación del Presidente de la República en turno de convertirla en un instrumento para perseguir a sus adversarios políticos, como ha sucedido en el pasado reciente.

Dentro de los ejes estratégicos de nuestra iniciativa, se encuentra el de facultar al Senado para nombrar y remover al Fiscal General y a los titulares de las fiscalías especializadas en materia de delitos electorales, de combate a la corrupción y de derechos humanos, esta última propuesta de nueva creación.

Crear la figura del Inspector General, como un órgano interno de control, con la facultad de perseguir los delitos que comentan los servidores públicos de la institución; así como un Consejo Consultivo integrado por cinco ciudadanos con facultades de opinión, recomendación y evaluación del desempeño, mismos que se propone sean designados y, en su caso, removidos por el Senado.

Importante destacar que a fin de garantizar la autonomía del Fiscal General de la nación frente a intereses políticos, se incorpora en el artículo 102 de la Constitución como requisito adicional para su nombramiento: no haber desempeñado cargo de dirección o representación de algún partido político en los seis años anteriores a su designación. Asimismo que el tiempo de permanencia en el cargo sea de seis años improrrogables, mientras que los fiscales especializados permanecerán cinco.

Las senadoras y senadores del PAN compartimos la preocupación de la sociedad ante los elevados índices de inseguridad, corrupción e impunidad que prevalecen en México y, por ello, nos oponemos a crear una fiscalía autónoma e independiente sobre la estructura colapsada de la Procuraduría General de la República.

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