La Ley de Seguridad Interior no es la solución a los problemasdel país, coincidieron representantes de organizaciones civilesque participaron en el Foro “Ley de Seguridad Interior: Riesgospara la población civil ante la seguridad pública militarizada”que se llevó a cabo con la participación de representantesregionales y nacionales.
El foro que se llevó a cabo en el Museo de la Ciudad, fueabierto por el abogado del Centro de Derechos Humanos MiguelAgustín Pro Juárez (Centro Prodh), Luis Tapia Olivares, quienofreció un contexto de la historia reciente del proceso demilitarización que vive el país desde el año 2007.
Puso un énfasis en que la militarización fue una decisión quese tomó sin considerar datos empíricos que permitieran evaluarlos resultados obtenidos con esta estrategia, lo cual advirtióevidenciar el carácter político de una decisión que debería dehaberse tomado con elementos técnicos.
En la segunda intervención, el fundador de la Estancia delMigrante González y Martínez de Querétaro, Martín MartínezRíos destacó los riesgos que implica la presencia de efectivosmilitares en labores de seguridad para las personas defensoras dederechos humanos, desde la experiencia concreta que suorganización ha vivido en su práctica de defensa y acciónhumanitaria en favor de las personas migrantes, lo cual generaincertidumbre a ellos y a la sociedad en su conjunto.
Estela Hernández Jiménez del Movimiento de ResistenciaMagisterial, hija de Jacinta Francisco Marcial, destacó el hechode que la sociedad en general carece de información sobre lainiciativa de Ley de Seguridad Interior (LSI), lo cual dificulta suparticipación en un tema fundamental para el momento actual de lasociedad.
Afirmó que el uso de los cuerpos de seguridad para perseguir yreprimir procesos sociales ha sido una práctica promovida por elestado, por ello la aprobación de esta ley significaría laconculcación de derechos consagrados en nuestra constitución.
La directora ejecutiva del Centro Nacional de ComunicaciónSocial (Cencos), Ixchel Cisneros Soltero precisó el carácter delas dos iniciativas que actualmente hay la ley con diputados ysenadores, y cómo éstas pretenden proporcionar atribuciones alejército para realizar labores propias de las policías.
Destacó el hecho de que el enfoque militar implica elexterminio del oponente, mientras que la labor policiaca debe departir de un principio de proporcionalidad que garantice derechostanto a personas afectadas por delitos como a quienes los cometen.“Esto es evidente en el incremento observado en violaciones aderechos humanos con la participación militar en temas deseguridad, lo que se refleja en el excesivo número de muertes encomparación con las detenciones en el marco de los operativosmilitares”, afirmó.
Fernando Ríos Martínez, secretario Ejecutivo de la RedNacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos losDerechos para Todas y Todos (Red TDT), dijo la necesidad defortalecer el acceso a la justicia, así como la eficacia delsistema penitenciario como estrategias para combatir lainseguridad.
Por último, llamó a los actores estatales a retomar laexperiencia de la sociedad civil para buscar la restauración deltejido comunitario, ello insistió, reflejaría una verdaderavoluntad política para que las instancias de seguridad públicafuncionen, pues tras más de una década de militarización deestas instancias no se ha visto una mejoría real.
