La investigación complementaria sobre el delito de cohecho porel que este lunes personal de la Fiscalía especializada en Combatea la Corrupción detuvo a un funcionario de la administraciónestatal, durará dos meses y el imputado llevará su proceso bajoprisión preventiva por considerar que podría destruir las pruebasde las indagaciones.
El fiscal anticorrupción, Benjamín Vargas Salazar, refirióque darán vista a la Contraloría del Estado para que determinelas medidas administrativas, en tanto que la sanción de ordenjudicial a la que estaría sujeto el imputado, que estaba enfunciones desde el 2015, va de tres a 10 años de prisión.
El 13 de mayo se denunció ante la Fiscalía especializada queel funcionario le solicitó determinada cantidad de dinero para elregistro de un sindicato en noviembre del 2016.
No obstante, Benjamín Vargas dijo que no puede señalar quiénes la víctima ni cuánto fue el monto que se le solicitó, aunquesí aseguró que no está relacionada con alguna institucióneducativa y no descartó pedir el testimonio a varias personasmás, incluyendo funcionarios públicos.
La detención se ejecutó este lunes a las 10:30 de la mañana,se puso a disposición de un juez de Control, quien determinópertinente su internamiento en el Centro de Reinserción Social(Cereso) de San José El Alto, mismo al que se dio cumplimientodespués de mediodía.
Indicó que también se realizó un cateo en el que seaseguraron varios dispositivos electrónicos que fungirán comopruebas y ya están en intervención; a las posibles víctimas,pidió que le hagan saber que estuvieron en una situación parecidapara investigarlo.
“La persona, por la función que desempeña y que puededestruir documentos necesarios para la investigación y no tienederecho a salir bajo fianza (...) Lo voy a dejar claro, no tienenada que ver con ninguna institución educativa, no se revisa lavalidez de los actos jurídicos, sino el hacer algo que estabafuera de sus funciones”, destacó.
El fiscal especializado no señaló si la víctima sí entrególa cuota que exigió el imputado, pero aseguró que no se requiereque hayan entregado el dinero, sino que por el hecho de haberlopedido es suficiente para definir la posible comisión de undelito.
“Creo que para la sociedad es muy grave que un funcionario nohaga su función; esta persona tiene injerencia en la toma dedecisiones importante y su libertad le permitiría destruirdocumentos necesarios para la investigación y por eso sedeterminó llevar su proceso en prisión”, agregó.
Referente a la detención del antiguo coordinador de medios enla administración estatal pasada, Abel Magaña, el fiscal señalóque está a la espera de información de institucionesfinancieras para abonar a la investigación y que el acusado nopuede salir del país porque tiene que presentarse a firmar cada 15días hasta que culminen las indagaciones.
