Los medios de comunicación locales deberán registrarse en un padrón para participar de la publicidad oficial, lo que abonará a la transparencia, el control del gasto y la rendición de cuentas públicas, de acuerdo con una reforma que aprobó la Comisión de Planeación y Presupuesto de la Legislatura Local, detalló el diputado Eric Salas González.
Explicó que estos cambios se sustentan en reformas a la ley para el manejo de los recursos públicos del estado y a la ley orgánica del poder Ejecutivo del Estado, que entrarán en vigor el 1 de enero de 2019, con el fin de garantizar el buen uso de los recursos públicos en el tema de la publicidad.
El pasado 11 de mayo se publicó la ley general de Comunicación Social en el Diario Oficial de la Federación, para establecer las normas a las que deberán sujetarse los entes públicos para garantizar que el gasto en comunicación social cumpla con los criterios de eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez, y respete los topes presupuestales, límites y condiciones de ejercicio que establezcan los presupuestos de egresos.
“Los entes públicos no podrán convenir el pago de créditos fiscales, ni de cualquier otra obligación de pago a favor de la autoridad, a través de la prestación de servicios de publicidad, impresiones, inserciones y demás actividades en materia de comunicación social. La comunicación social del estado pasa a ser como una secretaría organizadora de todo lo que tiene que ver con el ejecutivo”, declaró.
Con base en esta reforma, los medios de comunicación que pretendan participar en la contratación de comunicación social deberán inscribirse previamente en el Padrón Nacional de Medios de Comunicación, a cargo de la Secretaría de Gobernación.
“Ese empadronamiento de los medios de comunicación en ningún caso, por ese solo hecho, implicará la obligación de contratación por parte de los entes públicos. La revisión y fiscalización de los recursos públicos en materia de comunicación social de los entes públicos de las entidades federativas, los municipios se realizará a través de la Contraloría estatal o equivalente en las entidades federativas”, abundó.
La modificación favorece la transparencia y rendición de cuentas, porque se deberá poner a disposición del público y mantener actualizada, en los respectivos sitios de Internet, los montos destinados a gastos relativos a campañas de comunicación social “desglosada por tipo de medio, proveedores, número de contrato y concepto o campaña, de conformidad con la legislación aplicable”.
De manera adicional, cada ente público “incorporará un informe semestral sobre el gasto en publicidad oficial en su portal de transparencia, que por lo menos contenga: recursos presupuestarios para campañas de comunicación social; proveedores; contratación concertada hasta el momento, con número de contrato, así como pago realizado a los medios de comunicación”.
Salas González advirtió que en las reformas de ley se contemplan diferentes sanciones en caso de que no se cumplan las disposiciones que se establecen, porque se trata de privilegiar la apertura y que todos “conozcan cuánto se gasta en comunicación por parte de las entidades públicas”.
“Quienes incumplan se somete a fiscalización o auditoría por parte de la contraloría y si resulta que no cumplieron con la ley, se tendrá que avisar a las autoridades competentes, a la misma Entidad Superior de Fiscalización, el Tribunal de Justicia Administrativa y la Fiscalía Anticorrupción”, declaró.
